Proyecto de Ley que regula el envío de correos electrónicos comerciales “spam” no solicitados. Escrito por: Yeli Martínez Oller
Actualmente se discute en la Cámara de Diputados, una iniciativa promovida por Víctor Sánchez, Diputado por la provincia de Azua, titulada: “Proyecto de Ley que regula el envío de correos electrónicos comerciales “spam” no solicitados”.
El “spam”, término acuñado en el 1998, hace referencia a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario, y generalmente enviados en grandes cantidades. El fenómeno del spam ha sido consistente con el crecimiento del correo electrónico. En ese sentido, cierto grado de regulación y control de este tipo de intercambio es oportuno y deseable, para proteger los intereses de los titulares de los correos electrónicos, de manera proporcional y justa.
En resumen, el proyecto define qué se considerarán correos electrónicos comerciales, y los clasifica como solicitados, y los no solicitados. Luego, establece los requerimientos de forma que deben contener los correos electrónicos comerciales no solicitados, a saber: identificación del tipo de correo como Publicidad, contener información válida y veraz sobre el remitente y finalmente que incluya un mecanismo de oposición a la recepción de ulteriores comunicaciones (u opt-out) (Artículos 3 y 4).
En seguida, tipifica como ilegal el envío de correos electrónicos comerciales no solicitados cuando no cumplan con los requisitos antes expuestos o cuando contengan información falsa (de contenido, remitente, etc), entre otros factores. Finalmente, establece los derechos de los receptores y las obligaciones de los remitentes, a la vez que prohíbe la recolección y venta de bases de datos y de correos electrónicos de manera fraudulenta, estableciendo una multa de hasta 10 salarios mínimos por incumplimiento.
El proyecto de ley establece al Ministerio de Industria y Comercio como entidad competente para dictar las medidas administrativas complementarias y al INDOTEL como entidad supervisora de la ley, sin perjuicio de las funciones que PROTECOM pueda tener.
Al estudiar otros textos legales sobre la materia, el Can-Spam Act de los EE.UU. o la Ley No. 34/2002 de España por ejemplo, encontramos que dichas legislaciones se han abocado a regular el envío de las comunicaciones comerciales vía medios electrónicos en sí y no el envío del spam propiamente. En la iniciativa en proceso de discusión, hasta el momento se propone regular el envío del spam con un control a posteriori.
Es decir, según el proyecto de ley en cuestión, se podrán enviar correos comerciales no solicitados o spam, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en los Artículos 3 y 4, arriba mencionados, y una vez recibidos queda en manos del receptor utilizar el mecanismo de oposición contenido en el mismo para dejar de recibir dichos correos. Este mecanismo de oposición estará a disposición de los receptores ya sea que hayan dado su consentimiento previo o no, esto es, servirá para revocar el consentimiento previamente dado si así lo requiere el receptor. En caso del remitente no obtemperar con la solicitud del receptor, éste tendrá como único recurso disponible la acción en daños y perjuicios para ser indemnizado por cualquier daño que dicho correo comercial no solicitado le haya podido causar, conforme a los Artículos 7.e y 10 del proyecto de ley.
Draft bill which regulates the sending of unsolicited commercial e-mail or “spam”. Written by: Yeli Martínez Oller
Currently being discussed in the House of representatives, is an initiative promoted by Victor Sanchez, Representative for the province of Azua, entitled "Draft bill which regulates the sending of unsolicited commercial e-mail or “spam”.
Spam, a term coined in 1998, refers to unsolicited, unwanted emails or of unknown senders, usually containing advertising, and frequently sent in bulk. The phenomenon of spam has been consistent with the growth of e-mail. In that sense, some degree of regulation and control is appropriate and even desirable, in order to protect the interests of email holders proportionately and fairly.
In short, the bill defines what is considered as a commercial email, and classifies them as solicited or unsolicited. Subsequently, it sets the requirements that unsolicited commercial emails should contain, including: identification of the type of mail as Advertising, contain accurate and valid information about the sender and finally an opt-out mechanism (Articles 3 and 4).
Afterwards, it typifies as illegal to send unsolicited commercial emails that do not comply with the above requirements or if they contain false information (content, sender, etc), among other factors. Finally, it states the rights of recipients and obligations of senders, while prohibiting the fraudulent compilation and sale of mailing lists and databases establishing a fine of up to 10 minimum wages for noncompliance.
The bill establishes the Ministry of Industry and Trade as the competent body to issue the additional administrative measures and INDOTEL as supervisory body of the law, without prejudice to the functions PROTECOM may have.
Through the study of other legal texts on the subject, the Can-Spam Act in the U.S. or Law No. 34/2002 from Spain for example, we found that those laws have focused on regulating the sending of commercial communications via electronic media itself and not spam. The initiative being discussed so far aims at regulating the sending of spam with an a posteriori control.
That is to say that, according to the bill in question, you may send unsolicited commercial emails or spam, subject to compliance with the requirements of Articles 3 and 4, above, and once received it relies on the receiver to use the opt-out mechanism contained therein to stop receiving such mailings. This opt-out mechanism shall be available to recipients whether they have given their prior consent or not, that is, it will also serve to withdraw previously given consent if required by the receiver. If the sender does not comply with the recipient’s request, the former’s only recourse is a an action in damages for compensation for any damage that this unsolicited commercial email may have caused him/her, in accordance with Articles 7.e and 10 of the draft bill.
Actualmente se discute en la Cámara de Diputados, una iniciativa promovida por Víctor Sánchez, Diputado por la provincia de Azua, titulada: “Proyecto de Ley que regula el envío de correos electrónicos comerciales “spam” no solicitados”.
El “spam”, término acuñado en el 1998, hace referencia a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario, y generalmente enviados en grandes cantidades. El fenómeno del spam ha sido consistente con el crecimiento del correo electrónico. En ese sentido, cierto grado de regulación y control de este tipo de intercambio es oportuno y deseable, para proteger los intereses de los titulares de los correos electrónicos, de manera proporcional y justa.
En resumen, el proyecto define qué se considerarán correos electrónicos comerciales, y los clasifica como solicitados, y los no solicitados. Luego, establece los requerimientos de forma que deben contener los correos electrónicos comerciales no solicitados, a saber: identificación del tipo de correo como Publicidad, contener información válida y veraz sobre el remitente y finalmente que incluya un mecanismo de oposición a la recepción de ulteriores comunicaciones (u opt-out) (Artículos 3 y 4).
En seguida, tipifica como ilegal el envío de correos electrónicos comerciales no solicitados cuando no cumplan con los requisitos antes expuestos o cuando contengan información falsa (de contenido, remitente, etc), entre otros factores. Finalmente, establece los derechos de los receptores y las obligaciones de los remitentes, a la vez que prohíbe la recolección y venta de bases de datos y de correos electrónicos de manera fraudulenta, estableciendo una multa de hasta 10 salarios mínimos por incumplimiento.
El proyecto de ley establece al Ministerio de Industria y Comercio como entidad competente para dictar las medidas administrativas complementarias y al INDOTEL como entidad supervisora de la ley, sin perjuicio de las funciones que PROTECOM pueda tener.
Al estudiar otros textos legales sobre la materia, el Can-Spam Act de los EE.UU. o la Ley No. 34/2002 de España por ejemplo, encontramos que dichas legislaciones se han abocado a regular el envío de las comunicaciones comerciales vía medios electrónicos en sí y no el envío del spam propiamente. En la iniciativa en proceso de discusión, hasta el momento se propone regular el envío del spam con un control a posteriori.
Es decir, según el proyecto de ley en cuestión, se podrán enviar correos comerciales no solicitados o spam, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en los Artículos 3 y 4, arriba mencionados, y una vez recibidos queda en manos del receptor utilizar el mecanismo de oposición contenido en el mismo para dejar de recibir dichos correos. Este mecanismo de oposición estará a disposición de los receptores ya sea que hayan dado su consentimiento previo o no, esto es, servirá para revocar el consentimiento previamente dado si así lo requiere el receptor. En caso del remitente no obtemperar con la solicitud del receptor, éste tendrá como único recurso disponible la acción en daños y perjuicios para ser indemnizado por cualquier daño que dicho correo comercial no solicitado le haya podido causar, conforme a los Artículos 7.e y 10 del proyecto de ley.
Draft bill which regulates the sending of unsolicited commercial e-mail or “spam”. Written by: Yeli Martínez Oller
Currently being discussed in the House of representatives, is an initiative promoted by Victor Sanchez, Representative for the province of Azua, entitled "Draft bill which regulates the sending of unsolicited commercial e-mail or “spam”.
Spam, a term coined in 1998, refers to unsolicited, unwanted emails or of unknown senders, usually containing advertising, and frequently sent in bulk. The phenomenon of spam has been consistent with the growth of e-mail. In that sense, some degree of regulation and control is appropriate and even desirable, in order to protect the interests of email holders proportionately and fairly.
In short, the bill defines what is considered as a commercial email, and classifies them as solicited or unsolicited. Subsequently, it sets the requirements that unsolicited commercial emails should contain, including: identification of the type of mail as Advertising, contain accurate and valid information about the sender and finally an opt-out mechanism (Articles 3 and 4).
Afterwards, it typifies as illegal to send unsolicited commercial emails that do not comply with the above requirements or if they contain false information (content, sender, etc), among other factors. Finally, it states the rights of recipients and obligations of senders, while prohibiting the fraudulent compilation and sale of mailing lists and databases establishing a fine of up to 10 minimum wages for noncompliance.
The bill establishes the Ministry of Industry and Trade as the competent body to issue the additional administrative measures and INDOTEL as supervisory body of the law, without prejudice to the functions PROTECOM may have.
Through the study of other legal texts on the subject, the Can-Spam Act in the U.S. or Law No. 34/2002 from Spain for example, we found that those laws have focused on regulating the sending of commercial communications via electronic media itself and not spam. The initiative being discussed so far aims at regulating the sending of spam with an a posteriori control.
That is to say that, according to the bill in question, you may send unsolicited commercial emails or spam, subject to compliance with the requirements of Articles 3 and 4, above, and once received it relies on the receiver to use the opt-out mechanism contained therein to stop receiving such mailings. This opt-out mechanism shall be available to recipients whether they have given their prior consent or not, that is, it will also serve to withdraw previously given consent if required by the receiver. If the sender does not comply with the recipient’s request, the former’s only recourse is a an action in damages for compensation for any damage that this unsolicited commercial email may have caused him/her, in accordance with Articles 7.e and 10 of the draft bill.
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