Por: Angélica Noboa Pagán. anoboa@npa.com.do.
El pasado 29 de junio, el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna juramentó a los cinco miembros electos por el Congreso Nacional, para la conformación del Consejo Directivo de Comisión Nacional de Defensa a la Competencia.
Esta Comisión será la encargada de conocer los casos concretos donde se imputen infracción a la Ley No. 42-08, por realización de acuerdos prohibidos o prácticas concertadas; actos de abuso de posición dominante; y, actos de competencia desleal, en los mercados de productos y servicios.
Adicionalmente, es parte de su mandato legal, según estable el Art. 69 de dicha ley, completar su marco normativo:
“Artículo 69. Marco Institucional Complementario.
En un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia convocará a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transporte aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores), para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de competencia que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivas y profesionales. Dicha reglamentación deberá quedar fundamentada en la normativa especial que regule su funcionamiento, la Constitución y los tratados, a fin de que el marco institucional del derecho de la competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede debidamente completado.”
La coordinación de Políticas de Competencia, con organismos sectoriales y especiales, es de gran importancia para una adecuada interpretación del sentido definitivo de la norma dominicana de competencia. En esa rama del Derecho Público Económico, es preciso evadir la interpretación literal de las leyes, y en su lugar, tomar en cuenta el sentido histórico, teleológico y sistemático que las mismas encierran. En nuestro sistema jurídico, esa tarea debe cumplirse con cuidadoso rigor. A diferencia del sistema matriz del Derecho de la Competencia o Antitrust, el Derecho Anglosajón, no contamos todavía, con una importante evolución jurisprudencial en la materia. Serán los reguladores y jueces, los encargados de nutrir con soluciones apegada a derecho, el entendimiento sobre las controversias relacionadas con el libre funcionamiento de los mercados.
Sin embargo, es innegable, que contrario al funcionamiento del sistema conocido como “common law”, en nuestro derecho, la norma escrita tiene gran peso, de ahí resulta de capital importancia, completar el marco jurídico de la la Ley No. 42-08, en el modo que ordena el citado artículo.
En ese mismo sentido, apuntan las atribuciones conferidas a la recién nombrada comisión, que la faculta a dictar reglas de carácter general (Art. 31j) así como, la políticas nacionales de promoción y defensa a la competencia (Art. 31o) de la misma ley.
En síntesis, todo lo anterior sugiere, la conveniencia de la discusión y publicación de esos Reglamentos y Lineamientos Generales, que permitan anticipar los criterios de examen de la institución, para el estudio de las conductas tipificadas como prohibidas en la ley, así como prácticas admisibles. De ese modo, se hará más eficiente, tanto la inversión del Gasto Público destinada al funcionamiento de la institución, como la inversión de las empresas que podrán dimensionar en sus operaciones el impacto del cambio legislativo y reducir el riesgo de demandas. Esta modalidad de gestión administrativa, seguida por organismos homólogos a la Comisión en otros países como España, Estados Unidos y Perú, acelera la promoción de la cultura de la competencia en los mercados.
Como un aporte doctrinal, a la construcción de esa política normativa, invitamos a los interesados a conocer, valiosos trabajos de investigación publicados por diferentes juristas, egresados de la Licenciatura en Derecho y las diferentes Maestrías afines de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ofrecen interesantes puntos de vista sobre estos temas. A modo de ilustración, me permito destacar las siguientes tesis de grado:
“Criterios para tipificar la Venta Atada bajo el Inciso c) del Art. 6 de la Ley General de Defensa a la Competencia No. 42-08”, sustentada por Roselin Isabelle Contreras Morales y asesorada por la Prof. Hilda Patricia Polanco. (2008)
“Análisis Crítico del Impacto de la Payola en la cultura, el Autor y la Industria Musical, y sus Aspectos Jurídicos”. Sustentada por Juan Miguel Castillo Roldán y asesorada por el profesor Juan Manuel Guerrero. (2011)
“Análisis Crítico de la Fijación de Precios por parte de los Gremios Sectoriales y Asociaciones a la luz del Derecho de la Competencia”, sustentada por Carlos Romero Polanco y asesorada por el profesor Víctor Manuel Cedeño Brea. (2011)
“Los Acuerdos de Distribución y la Libre Competencia: Rep. Dom.”, sustentada por Fanny Solano Agramonte, asesorada por el Prof. José Alfredo Rizek. (2004)
“Análisis Promocional de la Aplicabilidad del Derecho de la Competencia en la Regulación Monetaria y Financiera de la Rep. Dom.”, sustentada por Jesenia Velázquez Morales y asesorada por la Prof. Angélica Noboa Pagán. (2005)
“Derecho de la Competencia en el Transporte Marítimo, Caso República Dominicana”, sustentada por Elena F. Lebrón Féliz (fallecida) y asesorada por la Prof. Angélica Noboa Pagán (2004)
Supplementary Institutional Framework to Law No. 42-08.
By: Angelica Noboa Pagán. anoboa@npa.com.do.
Last June 29, the President of the Dominican Republic, Dr. Leonel Fernandez Reyna, swore in the five members elected by Congress for the formation of the Board of the National Competition Defense Commission.
This Commission will be responsible for hearing the specific cases implicating violations of Law No. 42-08, for prohibited agreements or concerted practices; acts of abuse of dominant position and unfair competition in the products and services markets.
Additionally, part of its legislative mandate, according to Article 69, is to complete the regulatory framework:
"Article 69. Additional Institutional Framework.
In a period not exceeding two (2) years from the entry into force of this Law, the National Competition Defense Commission shall convene the administrative agencies charged with regulating the energy markets, oil, air, sea and land, telecommunications, intellectual property rights (copyright and industrial property rights), professional services, health and education, financial services (banking, insurance, pensions and stock market), to review, propose and jointly mandate, the competition regulations to govern the operation of such productive and professional markets. Such regulations shall be based on the special rules governing its operation, the Constitution and treaties, so that the institutional framework of competition law in the country, in the areas of social concern, is properly completed. “
The coordination of Competition Policies with sector-specific and special bodies is of great importance for the proper interpretation of the ultimate meaning of the Dominican competition law. In this branch of Economic Public Law, it is necessary to avoid the literal interpretation of the law, and instead, take into account the historical, teleological and systematic sense that they have. In our legal system, that task should be accomplished with careful rigor. Unlike the original system of Competition Law or Antitrust, the Common Law system, we as yet do not have significant developments in case law on the subject. Regulators and judges will be responsible for nurturing the solutions according to law of the controversies that arise related to the functioning of free markets.
However, it is undeniable that, contrary to the operation of the common law system, in our system written law carries great weight, hence is of paramount importance to complete the legal framework of Law No. 42-08 in the way that stipulates the abovementioned Article.
In this sense, the powers granted to the newly appointed Commission by such article enables it to dictate general rules (Art. 31J) as well as national policies for the promotion and defense of competition (Art. 31st).
In summary, all this indicates the benefits of the discussion and publication of these Regulations and General Guidelines, in order to anticipate the review criteria of the Commission for the study of the behaviors classified as prohibited by law and acceptable practices. Thus, both will become more efficient, on the one hand the investment of public expenditure for the functioning of the Commission, and on the other the private investment of companies in their operations so they may measure the impact of the legislative change and reduce the risk of lawsuits. This administration approach, used by the Commission counterpart agencies in other countries like Spain, USA and Peru, hastens the promotion of competition culture in the markets.
As a contribution to the construction of this doctrinal standards policy, we invite all interested to read valuable research papers published by different lawyers, graduates of the Bachelor of Laws program and of the various related Masters of the Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, which offer interesting views on these issues. To illustrate, we highlight the following thesis:
"Criteria to establish the tying sales under Subsection c) of Article 6 of the General Law on Defense of Competition No. 42-08," supported by Roselin Isabelle Contreras Morales and advised by Prof. Hilda Patricia Polanco. (2008)
"Critical Analysis of the Impact of Payola in the culture, the author and the Music Industry, and its Legal Aspects." supported by Juan Miguel Roldán Castillo and advised by Professor Juan Manuel Guerrero. (2011)
"Critical Analysis of Pricing by Sector Unions and Associations in light of the Competition Law", supported by Carlos Romero Polanco and advised by Professor Victor Manuel Cedeño Brea. (2011)
"Distribution Agreements and Free Competition: Dominican Republic," supported by Fanny Solano Agramonte, advised by Prof. José Alfredo Rizek. (2004)
“Promotional Analysis of the Applicability of Competition Law in the Monetary and Financial Regulation of the Dominican Republic", supported by Jesenia Morales Velázquez and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán. (2005)
"Competition Law in Maritime Transport, the Dominican Republic Case ", supported by Elena F. Lebron Felix (deceased) and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán (2004)
“Study of the Dominican regime on the Regime of Compulsory Patents and Licenses, from the perspective of Economic Public Law," supported by Mariel Taveras and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán.
Esta Comisión será la encargada de conocer los casos concretos donde se imputen infracción a la Ley No. 42-08, por realización de acuerdos prohibidos o prácticas concertadas; actos de abuso de posición dominante; y, actos de competencia desleal, en los mercados de productos y servicios.
Adicionalmente, es parte de su mandato legal, según estable el Art. 69 de dicha ley, completar su marco normativo:
“Artículo 69. Marco Institucional Complementario.
En un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia convocará a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transporte aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores), para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de competencia que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivas y profesionales. Dicha reglamentación deberá quedar fundamentada en la normativa especial que regule su funcionamiento, la Constitución y los tratados, a fin de que el marco institucional del derecho de la competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede debidamente completado.”
La coordinación de Políticas de Competencia, con organismos sectoriales y especiales, es de gran importancia para una adecuada interpretación del sentido definitivo de la norma dominicana de competencia. En esa rama del Derecho Público Económico, es preciso evadir la interpretación literal de las leyes, y en su lugar, tomar en cuenta el sentido histórico, teleológico y sistemático que las mismas encierran. En nuestro sistema jurídico, esa tarea debe cumplirse con cuidadoso rigor. A diferencia del sistema matriz del Derecho de la Competencia o Antitrust, el Derecho Anglosajón, no contamos todavía, con una importante evolución jurisprudencial en la materia. Serán los reguladores y jueces, los encargados de nutrir con soluciones apegada a derecho, el entendimiento sobre las controversias relacionadas con el libre funcionamiento de los mercados.
Sin embargo, es innegable, que contrario al funcionamiento del sistema conocido como “common law”, en nuestro derecho, la norma escrita tiene gran peso, de ahí resulta de capital importancia, completar el marco jurídico de la la Ley No. 42-08, en el modo que ordena el citado artículo.
En ese mismo sentido, apuntan las atribuciones conferidas a la recién nombrada comisión, que la faculta a dictar reglas de carácter general (Art. 31j) así como, la políticas nacionales de promoción y defensa a la competencia (Art. 31o) de la misma ley.
En síntesis, todo lo anterior sugiere, la conveniencia de la discusión y publicación de esos Reglamentos y Lineamientos Generales, que permitan anticipar los criterios de examen de la institución, para el estudio de las conductas tipificadas como prohibidas en la ley, así como prácticas admisibles. De ese modo, se hará más eficiente, tanto la inversión del Gasto Público destinada al funcionamiento de la institución, como la inversión de las empresas que podrán dimensionar en sus operaciones el impacto del cambio legislativo y reducir el riesgo de demandas. Esta modalidad de gestión administrativa, seguida por organismos homólogos a la Comisión en otros países como España, Estados Unidos y Perú, acelera la promoción de la cultura de la competencia en los mercados.
Como un aporte doctrinal, a la construcción de esa política normativa, invitamos a los interesados a conocer, valiosos trabajos de investigación publicados por diferentes juristas, egresados de la Licenciatura en Derecho y las diferentes Maestrías afines de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ofrecen interesantes puntos de vista sobre estos temas. A modo de ilustración, me permito destacar las siguientes tesis de grado:
“Criterios para tipificar la Venta Atada bajo el Inciso c) del Art. 6 de la Ley General de Defensa a la Competencia No. 42-08”, sustentada por Roselin Isabelle Contreras Morales y asesorada por la Prof. Hilda Patricia Polanco. (2008)
“Análisis Crítico del Impacto de la Payola en la cultura, el Autor y la Industria Musical, y sus Aspectos Jurídicos”. Sustentada por Juan Miguel Castillo Roldán y asesorada por el profesor Juan Manuel Guerrero. (2011)
“Análisis Crítico de la Fijación de Precios por parte de los Gremios Sectoriales y Asociaciones a la luz del Derecho de la Competencia”, sustentada por Carlos Romero Polanco y asesorada por el profesor Víctor Manuel Cedeño Brea. (2011)
“Los Acuerdos de Distribución y la Libre Competencia: Rep. Dom.”, sustentada por Fanny Solano Agramonte, asesorada por el Prof. José Alfredo Rizek. (2004)
“Análisis Promocional de la Aplicabilidad del Derecho de la Competencia en la Regulación Monetaria y Financiera de la Rep. Dom.”, sustentada por Jesenia Velázquez Morales y asesorada por la Prof. Angélica Noboa Pagán. (2005)
“Derecho de la Competencia en el Transporte Marítimo, Caso República Dominicana”, sustentada por Elena F. Lebrón Féliz (fallecida) y asesorada por la Prof. Angélica Noboa Pagán (2004)
Supplementary Institutional Framework to Law No. 42-08.
By: Angelica Noboa Pagán. anoboa@npa.com.do.
Last June 29, the President of the Dominican Republic, Dr. Leonel Fernandez Reyna, swore in the five members elected by Congress for the formation of the Board of the National Competition Defense Commission.
This Commission will be responsible for hearing the specific cases implicating violations of Law No. 42-08, for prohibited agreements or concerted practices; acts of abuse of dominant position and unfair competition in the products and services markets.
Additionally, part of its legislative mandate, according to Article 69, is to complete the regulatory framework:
"Article 69. Additional Institutional Framework.
In a period not exceeding two (2) years from the entry into force of this Law, the National Competition Defense Commission shall convene the administrative agencies charged with regulating the energy markets, oil, air, sea and land, telecommunications, intellectual property rights (copyright and industrial property rights), professional services, health and education, financial services (banking, insurance, pensions and stock market), to review, propose and jointly mandate, the competition regulations to govern the operation of such productive and professional markets. Such regulations shall be based on the special rules governing its operation, the Constitution and treaties, so that the institutional framework of competition law in the country, in the areas of social concern, is properly completed. “
The coordination of Competition Policies with sector-specific and special bodies is of great importance for the proper interpretation of the ultimate meaning of the Dominican competition law. In this branch of Economic Public Law, it is necessary to avoid the literal interpretation of the law, and instead, take into account the historical, teleological and systematic sense that they have. In our legal system, that task should be accomplished with careful rigor. Unlike the original system of Competition Law or Antitrust, the Common Law system, we as yet do not have significant developments in case law on the subject. Regulators and judges will be responsible for nurturing the solutions according to law of the controversies that arise related to the functioning of free markets.
However, it is undeniable that, contrary to the operation of the common law system, in our system written law carries great weight, hence is of paramount importance to complete the legal framework of Law No. 42-08 in the way that stipulates the abovementioned Article.
In this sense, the powers granted to the newly appointed Commission by such article enables it to dictate general rules (Art. 31J) as well as national policies for the promotion and defense of competition (Art. 31st).
In summary, all this indicates the benefits of the discussion and publication of these Regulations and General Guidelines, in order to anticipate the review criteria of the Commission for the study of the behaviors classified as prohibited by law and acceptable practices. Thus, both will become more efficient, on the one hand the investment of public expenditure for the functioning of the Commission, and on the other the private investment of companies in their operations so they may measure the impact of the legislative change and reduce the risk of lawsuits. This administration approach, used by the Commission counterpart agencies in other countries like Spain, USA and Peru, hastens the promotion of competition culture in the markets.
As a contribution to the construction of this doctrinal standards policy, we invite all interested to read valuable research papers published by different lawyers, graduates of the Bachelor of Laws program and of the various related Masters of the Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, which offer interesting views on these issues. To illustrate, we highlight the following thesis:
"Criteria to establish the tying sales under Subsection c) of Article 6 of the General Law on Defense of Competition No. 42-08," supported by Roselin Isabelle Contreras Morales and advised by Prof. Hilda Patricia Polanco. (2008)
"Critical Analysis of the Impact of Payola in the culture, the author and the Music Industry, and its Legal Aspects." supported by Juan Miguel Roldán Castillo and advised by Professor Juan Manuel Guerrero. (2011)
"Critical Analysis of Pricing by Sector Unions and Associations in light of the Competition Law", supported by Carlos Romero Polanco and advised by Professor Victor Manuel Cedeño Brea. (2011)
"Distribution Agreements and Free Competition: Dominican Republic," supported by Fanny Solano Agramonte, advised by Prof. José Alfredo Rizek. (2004)
“Promotional Analysis of the Applicability of Competition Law in the Monetary and Financial Regulation of the Dominican Republic", supported by Jesenia Morales Velázquez and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán. (2005)
"Competition Law in Maritime Transport, the Dominican Republic Case ", supported by Elena F. Lebron Felix (deceased) and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán (2004)
“Study of the Dominican regime on the Regime of Compulsory Patents and Licenses, from the perspective of Economic Public Law," supported by Mariel Taveras and advised by Prof. Angelica Noboa Pagán.
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