ACTUALIDAD REGULATORIA BOLETIN INFORMATIVO
12 de septiembre 2012, Sto. Dgo., R.D., Año
III, Volumen LVIII
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Actualidad Regulatoria. Boletín Informativo. Sobre el Principio de Unidad de Ordenamiento
en el proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08.
Por: A. Noboa
En
la edición anterior, se examinaba el Art. 2 de la propuesta de reglamento,
que establece nuevas prestaciones a cargo de los administrados, sobre entrega
de información a Pro-Competencia. Examinemos en detalle estas claves
esenciales de la constitucionalidad, que imponen la eliminación de la
disposición propuesta.
1.
Violación al debido proceso de Ley.
El
Art. 69 de la Constitución consagra lo siguiente:
“Art. 69. De la
Constitución. Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso. Toda
persona, en el ejercicio de sus derechos legítimos, tiene derecho a obtener
la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará
conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…)
7. Ninguna
persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes prexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de formalidades propias de cada juicio.
8. Es nula
toda prueba obtenida en violación de la ley.
(…)
10. Las normas
de debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.”
La
sola lectura del Art. 69 demuestra la imposibilidad de modificar la
norma del Art. 42 de la Ley No. 42-08, por el Art. 2 del
Proyecto, hasta situaciones jurídicas no previstas en ella. Las formalidades
de investigación, para fines de eventual procesamiento y sanción, son las del
Art.42 y no las más laxas del Art. 2 del Proyecto. Por tanto,
como indica el Numeral 8, del Art. 69, el Art. 2 del Proyecto,
deviene nulo. No tiene asidero legal. Finalmente el Numeral 10, del
mismo artículo, de manera expresa indica su aplicabilidad respecto de
actuaciones administrativas, como la que nos ocupa.
Los
actos administrativos pueden también, en vez de ampliar o beneficiar la
esfera jurídica de sus destinatarios privados, restringirla, afectar a la
misma en sentido negativo, producir sobre ellos obligaciones, deberes,
cargas, antes existentes, o bien restricciones, limitaciones o extinciones de
titularidades activas previas. Es lo que se denomina en Derecho
Administrativo las limitaciones administrativas de los derechos.
Una
norma previa ha de habilitar, a la Administración para imponer medidas limitativas
específicas de que se trate. Si no se da esa habilitación a la
Administración, podrá haber, eventualmente, una limitación de derechos. En la
especie, como hemos demostrado, no contiene, como norma previa, limitaciones
específicas que permitan requerir información y datos de la empresa, más
que en el presupuesto del Art. 42 de la Ley
No. 42-08, donde se prevé un poder concreto, estrictamente
reglado.
Sobre
el particular, García de Enterría explica que, esta habilitación referirá,
como es común, los poderes concretos de que la Administración puede disponer.
Puede tratarse de la actuación previa al ejercicio de un derecho de que se
trate, de modo que este ejercicio se subordine a dicha actuación (autorizaciones,
inscripciones, registraciones y en este último caso los consiguientes poderes
de organización de cada Reglamento concreto). (Énfasis nuestro). Es claro que
entre otros aspectos, Pro-Competencia necesita la autorización del ministerio
público, además de la reunión de las condiciones indispensables, para
solicitar información, en el marco de una investigación normada.
Amplía el citado experto en
Derecho Administrativo, que estos son los instrumentos, con o una u otra
extensión o modalidades de que la Administración dispone para imponer las
limitaciones de derechos. Se observa que no incluimos entre ellos los
Reglamentos (…) Entendemos que la sola normación
de los reglamentos, si de la misma no resulta de una habilitación de poderes
concretos –si quiera sean los represivos- para que la Administración esté
en condiciones de imponer las limitaciones, que de dicha formación pueden
resultar, no constituye una verdadera limitación administrativa (Énfasis
nuestro).
El intento de establecer un poder
concreto a partir del principio general, viola la técnica
autorizatoria con la cual ha de manejarse la Administración,
afectando la legalidad del acto administrativo que
intervenga. Tal decisión
pecaría de una extralimitación
de facultades.
“Art.
50 Libertad de Empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa,
comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse
libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones
que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.”
Todo titular de derechos
fundamentales como este, se encuentra amparado por las garantías del Art. 68
de la Constitución, que reza:
“Art.
68. Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la
efectividad de los derechos fundamentales de los mecanismos de tutela y
protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos,
frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos
fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben
garantizar su efectividad en los términos establecidos en esta Constitución y
por ley.”
En
consecuencia, Pro-Competencia, en su rol de Autoridad Convocante, debe
proteger la legitimidad del decreto presidencial a intervenir para aprobar el
futuro reglamento de aplicación de la Ley No. 42-08. A tal fin, debe
mostrar cautela y no incluir disposiciones que alteren la efectividad de la
tutela y protección a la libre empresa.
Otorgar
a Pro-Competencia la potestad de requerir en cualquier momento, y ante
cualquier circunstancia, informaciones y datos que pertenecen a la empresa, centro
de imputación del derecho invocado, alterando -en detrimento de su
libertad amplia de goce- los términos del Art. 69 de la Ley No.
42-08, además de violentar el debido proceso de Ley, y
constituirse en una regla con vicios de legalidad, conculca ese
derecho fundamental. La información y
datos de la empresa, pertenecen al núcleo esencial de la misma, y
únicamente las condiciones del Art. 69, activan la posibilidad de su
requerimiento por parte de la Dirección Ejecutiva, a los fines señalados en
dicha disposición.
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Regulatory
Briefing. Newsletter. About the Principle of Unity of the Legal System in the
draft Implementing Regulations of Law No. 42-08.
By: A.
Noboa
(anoboa@npa.com.do)
(2 of 2)
In the
previous edition, we examined Article 2 of the draft implementing
regulations, which establishes new obligations for individuals regarding
information provision to Pro-Competencia. Let’s examine in detail these
essential keys of constitutionality, which lead us to recommend the
elimination of the proposed provision.
1. Violation of due process of law Article 69 of the Constitution provides that: "Art 69. Of the Constitution. Effective legal protection and due process. Every person, in the exercise of their legitimate rights, has the right to an effective legal protection, respecting the due process of law, and which will consist of the minimum guarantees set forth below: (...)
7. No
person shall be tried but for laws pre-existing to the act attributed to him,
before the competent court or judge and in full compliance with the
corresponding formalities of each trial.
8. All
evidence obtained in violation of the law is null and void. (...)
10. The
standards of due process shall apply to all legal and administrative
proceedings. "
The mere
reading of Article 69 shows the impossibility to change the standard of
Article 42 of Law No. 42-08, by Article 2 of the draft implementing
regulations, to legal situations not covered by it. The formalities of
investigation, for the purpose of eventual prosecution and punishment, are
those of Art. 42 and not the lax provisions of the proposed Article 2 of the
draft implementing regulations. Thus, as indicated by Paragraph 8 to the
aforementioned Article 69, Article 2 of the draft becomes void. It has no
legal grounds. Finally, Paragraph 10 of the same article expressly indicates
its applicability to administrative proceedings, as the one in question.
2.
Subversion of the principle of legality.
Administrative
acts may also, rather than expand or benefit the legal sphere of its private
recipients, restrict or affect them in a negative sense, burden them with
obligations, duties, charges, existing before or restrictions, limitations or
extinctions of previous active entitlements[1].
In Administrative Law it’s called administrative limitations of rights.
A
preexisting norm enables the Administration to impose the corresponding specific
restrictive measures. If the Administration is not enabled as explained
hereto, eventually, there may be a case of limitation of rights[2].
In the current case, as we have shown, there is no previous norm establishing
specific limitations that allow for the requirement of information and
details, rather than that of Article 42 of Law No. 42-08, which sets forth a
concrete power, which is strictly regulated.
In this
regard, Garcia de Enterria explains that this enablement will refer, as is
common, the specific powers that the Administration may set forth. It may
relate to actions prior to the exercise of a right in question, so as to
subordinate this exercise to such action (authorizations,
inscriptions, registrations and in the latter case the resulting
organizational powers of each specific implementing regulation) [3]. (Emphasis
added.) Clearly, among other things, Pro-Competencia requires the
authorization of the Attorney Generals Office, in addition to meeting the
prerequisites for requesting information as part of a regulated
investigation.
Furthermore,
García de Enterría, an expert in administrative law, adds that these are the
instruments, with one or another extension or approaches; the Administration
disposes of in order to impose limitations on rights. It is noted that we do
not include implementing regulations among them (...) We understand that the
mere drafting of implementing regulations, if it does not convey the enabling
of specific powers-not even repressive ones- so that the Administration is
able to impose limitations, does not constitute a true administrative
limitation[4]
(Emphasis added.)
The
attempt to establish a concrete power from a general principle
violates the authorization technique according to which the
Administration must act, affecting the legality of the resulting
administrative act. Such a decision would give way to an excess of powers.
"Art 50. Free Enterprise. The State recognizes and guarantees the freedom of enterprise, trade and industry. Every person has the right to freely engage in the economic activity of their choice, with no limitations other than those prescribed in this Constitution and as established by law. "
Every
holder of a fundamental right such as this is protected by the guarantees of
Article 68 of the Constitution, which reads:
"Art 68. Guarantees of fundamental rights. The Constitution guarantees the effectiveness of fundamental rights through mechanisms of safeguard and protection, which offer the person the possibility to obtain the fulfillment of their rights from the debtors thereof. Fundamental rights are binding on all public branches, which should ensure their effectiveness according to the terms of this Constitution and as stipulated by law. "
Accordingly,
Pro-Competencia, as Convening Authority, should protect the legitimacy of the
presidential decree which will hereafter adopt the future implementing
regulations of Law No. 42-08. For this purpose, it must be cautious and not
include provisions that will affect the effectiveness of the protection and
safeguard of the right to free enterprise.
To give
Pro-Competencia the power to require, at any time and under any circumstance,
information and data belonging to the company, the reference point of the
invoked right, altering –in detriment to their ample freedom of enjoyment
-the terms of Article 69 of Law No. 42-08, as well as violating the due
process of law, and becoming an illegal rule, violates this fundamental
right. Company information and data are essential assets, and only under the
terms of Article 69, and to the extent of the purposes set out thereof the
Executive Director can request their provision.
Therefore, we suggest, as part of this public consultation, the total exclusion of Article 2 of the project, for violating the due process of law, the principle of legality and the fundamental right to free enterprise. |
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