“Acciones judiciales derivadas de los actos de competencia desleal”

Por: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do

Con el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en fecha 1 de marzo y 27 de abril del año 2011, se cumple la disposición transitoria contemplada en el artículo 67 de la Ley No. 42-08, Sobre la Defensa de la Competencia, que permite la entrada en vigencia de la totalidad de dicha normativa. Es de este modo, como se ponen a disposición de las personas, tanto físicas como jurídicas, una gama de acciones judiciales, derivadas de los actos de competencia desleal.

Empecemos por definir lo que es un acto de competencia desleal. Se considera como tal, todo suceso “o comportamiento realizado en el ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores[1]”. La Ley No. 42-08 en su artículo 11 tipifica, en primer plano, ocho actos considerados como desleales, denominados: actos de engaño, actos de confusión, actos de comparación indebida, actos de imitación, actos violatorios del secreto empresarial, incumplimiento a normas, actos de denigración e inducción a la infracción contractual. Sin embargo, esta enumeración es a modo de ilustración, lo que quiere decir que no es limitativa. Todo acto de naturaleza similar, podrá ser considerado como desleal.

En consecuencia, y como forma de protección frente a cualquiera de dichos actos de naturaleza desleal, la ley ha previsto la posibilidad de que toda persona pueda acudir al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, en atribuciones civiles y comerciales para hacer valer sus derechos. Esto sin importar que quien ejerza el acto de competencia desleal (sujeto activo) y el afectado por el mismo (sujeto pasivo) tengan o no una relación de competencia entre sí. Basta con que esta última pruebe que sus intereses económicos han sido directamente perjudicados o amenazados por el acto y que el sujeto activo haya realizado, ordenado u cooperado en la realización del mismo.

Las posibles acciones a incoar ante tales tribunales son las siguientes[2]:

1) Acción declarativa de la deslealtad del acto, en la cual el juez evalúa si el comportamiento cumple o no con los elementos constitutivos de lo que la ley tipifica como actos desleales. Si la perturbación que ha creado el acto, se mantiene luego de ser incoada esta acción, la parte interesada o el juez de oficio pueden solicitar de manera accesoria el cese de la misma.

2) Acción de rectificación de las informaciones engañosas incorrectas o falsas. Busca que el sujeto activo del acto, mediante la utilización del mismo medio por el cual difundió la información, se retracte, procurando corregir todo error contenida en la misma.

3) Acción en reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente económico. Le permite al sujeto pasivo del acto desleal ser indemnizado frente a los daños ocasionados, siempre y cuando el sujeto activo haya realizado la acción a sabiendas de que era ilícita y de que podría causar un daño, haciendo uso de la mala fe; o con la intención de realizar el determinado acto, pero sin percatarse de las consecuencias que el mismo podría traer y cuyos resultados pudo haber prevenido.

Mientras la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia se organiza para su inicio formal, queremos destacar que los tribunales ordinarios ya pueden ser directamente apoderados para recibir las acciones antes mencionadas, las que podrán ser promovidas tanto por comerciantes y no comerciantes, con interés legítimo y directamente afectos por la comisión de un acto de competencia desleal, imputable a un fabricante, distribuidor o comercializador de productos y servicios en el país.

"Legal actions resulting from acts of unfair competition"

by: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do

Translated by: Yeli Martínez Oller, Lawyer/ Master in International Law

The appointment of the members of the Board of the National Competition Defense Commission, as of March 1 and April 27, 2011, fulfills the transitional provision provided for in Article 67 of Law No. 42-08, on Competition Defense, enabling the entry into force of the law in its entirety. Henceforth, a range of legal actions arising from the acts of unfair competition is made available to both individuals and legal entities.

Let us begin by defining what an act of unfair competition is. Any act "or practice made in the scope of trade or business activities that results contrary to good faith and business ethics, with the purpose to cause an unlawful diversion of consumer demand", is considered as an unfair act or practice. Law No. 42-08 defines in Article 11, first and foremost, eight acts considered unfair: acts of deception, confusion acts, acts of unfair comparison, acts of imitation, acts violating business secrets, breach standards, acts of denigration and incitement to breach of contract. However, this is an open-ended list and is strictly for illustrative purposes. Any act of similar nature, may be regarded as unfair.

Accordingly, and as a protection against any such acts of unfair nature, the law provides for the possibility that anyone may bring an action before the court of first instance in which the defendant is domiciled, in its civil and commercial attributions, to enforce their rights. This is so whether or not the perpetrator of the act of unfair competition and the victim affected by it have a competitive relationship with each other. It is sufficient that the latter proves that its economic interests have been directly harmed or threatened by the act and the perpetrator has done, ordered or cooperated with its execution.

Possible legal actions that may be brought against such practices:

1) Declaratory act of unfair conduct, in which the judge evaluates whether the behavior is complying with the constituent elements of what the law defines as unfair acts. If the effects caused by the act continue after this action has been filed, the interested party or judge ex officio may request incidentally the cessation of the act.

2) Action for rectification of misleading, inaccurate or false information. The purpose of this action is that the perpetrator of the act, using the same means by which the information was disseminated, retracts itself correcting any errors contained therein.

3) Action for damages by reason of negligence or willful misconduct. It allows the affected individual or legal entity to be compensated for damages arising from an unfair act, provided that the perpetrator has performed the action knowing it was unlawful and could cause damage, making use of bad faith; or, has committed the act, but without realizing the consequences it could bring and the results of which could have prevented.

While the National Competition Defense Commission is organized for its formal launch, we want to emphasize that the abovementioned actions may be directly brought before the ordinary courts, and may be filed by both consumers and traders with a legitimate interest and directly affected by the commission of an act of unfair competition attributable to a manufacturer, distributor or trader of products and services in the country.

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[1] Rep. Dom. Ley No. 42-08, Sobre Defensa de la Competencia. G.O. No. 10458, del 25 de enero de 2008. Art. 10.

[2] Ibídem. Art. 55.

Aduanas circula anteproyecto de reforma a su ley general para comentarios.

Por: Angélica Noboa Pagán. anoboa@npa.com.do

Desde el pasado 29 de julio, la Dirección General de Aduanas, ha circulado el “Anteproyecto de Ley General de Aduanas”, dando un plazo de 30 días a los sectores interesados a expresar sus opiniones y comentarios, previo envío de una versión posterior de la pieza, al Congreso Nacional, por las vías correspondientes.
Dicho esfuerzo retoma el esfuerzo emprendido hace un par de años atrás, a los mismos fines. En esta nueva versión se incluyen modificaciones a la versión circulada en 2009.
Es indudable la necesidad de reformar el conjunto legislativo que rige la actividad aduanera, para que la antigua ley de año 1953 y sus subsecuentes modificaciones y leyes complementarias, sean sustituidas por normativa novedosa e integral de la actividad aduanera.
El anteproyecto procura recoger los principios del Derecho Aduanero moderno, los cambios tecnológicos y en la dinámica del intercambio comercial, así como los nuevos procedimientos aduaneros, orientados a proveer facilitación comercial y mecanismos efectivos de control y contribución a la seguridad nacional. Además de la función de recaudación que le es propia, las leyes de Aduanas de hoy, se interesan por establecer soluciones prácticas a los actores sociales que participan en la cadena logística de comercio y transporte.
En modo similar al que se organizan otras leyes aduaneras en Iberoamérica, el proyecto se divide en varios títulos a saber:
I. Disposiciones Generales. Sobre objetivo general y específicos de la legislación, descripción de espacio aduanero y otras áreas; estructura y funcionamiento de órganos de la DGA y la coordinación con otros órganos para-aduaneros; el establecimiento de funciones claves en la aduana moderna tales como: modalidades de control, delimitación de la función fiscalizadora, control de frontera de la propiedad intelectual y uso de firmas digitales y otras novedades.
II. Personas Vinculadas a la Autoridad Aduanera. Define a los operadores aduaneros, sus obligaciones de conservación de documentos y establece un régimen para agentes aduaneros generales, especiales y excluyentes de responsabilidad.
III. Obligación Tributaria Aduanera. Relativo a los elementos que conforman el impuesto aduanero, la relación jurídica tributaria, el privilegio aduanero, la potestad de autodeterminación, entre otras condiciones asociadas con el pago de tributo. Un aspecto muy importante de este título es el establecimiento del carácter de título ejecutorio al certificado de deuda emitido por la DGA.
IV. Entrada y Salida de Medios de Transporte, Mercancías y Personas. Dispone la transmisión previa del manifiesto de carga, regula el depósito temporal, entre otros aspectos.
V. Procedimientos Aduaneros Comunes. Uno de los grandes vacios de la legislación actual aduanera dominicana, es una expresa organización del proceso que siguen las mercancías en su paso por las aduanas y los efectos jurídicos que se desprenden de ese trayecto. En este capítulo se define el contenido de la declaración aduanera, se establece la declaración anticipada, se regulan las resoluciones anticipadas y se prevén reglas para la rectificación y desistimiento de las mismas. Igualmente, queda revisada toda la función verificadora, considerando los nuevos sistemas de análisis de riesgo.
VI. Regímenes y Operaciones Aduaneras. Se reorganizan y estipulan sus respectivos ámbitos, cada cual con sus reglas de control y fiscalización, así como, el procedimiento de cambio de un régimen a otro y las garantías globales o por operación, en caso de tránsitos internos.
VII. Tratamientos Aduaneros Especiales. Estos, antiguamente dispersos en otras o únicamente contemplados en reglamentos, son reunidos y organizados. De especial interés en este título, se encuentran las reglas propuestas sobre exoneración de pago de impuestos a los aprovisionamientos de a bordo y suministro.
VIII. Infracciones, Penas y Procedimiento. Integra un régimen administrativo sancionador propio de la actividad aduanera, tipifica nuevos delitos aduaneros, estableces escalas de sanción y procura, armonizar con los principios establecidos por el Código Procesal Penal.
IX. Recursos. Se reinstaura el doble grado, esclareciendo que además del recurso de reconsideración ante la autoridad aduanera actuante, estará disponible el recurso jerárquico ante la dirección general del organismo.
X. Vías de Ejecución. Se proponen cambios sustanciales al procedimiento ejecutorio, se prevé la posibilidad de entablar medidas conservatorias.
XI. Otras Medidas de Facilitación de Comercio. Tales como, el Operador Económico Autorizado y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
XII. Disposiciones Finales y Transitorias. En este título se faculta a la DGA para la reestructuración aduanera, entre otros temas de transición.
Los actores en el comercio exterior, importadores, exportadores de materia prima y productos terminados, sus intermediarios y asesores, deben poner especial interés en este proyecto y aprovechar la oportunidad que gentilmente la DGA ha extendido para conocer sus criterios y observaciones, y perfeccionar la pieza, antes de ser sometida como proyecto de ley.


Customs makes public for comments a draft amendment to its general law
By: Angelica Noboa Pagán. anoboa@npa.com.do

As of last July 29, the General Customs Office (DGA), has made public the "Draft Customs Law," giving a period of 30 days for stakeholders to express their views and comments, prior submission of a later version of the piece to the National Congress, through the appropriate channels.
This attempt follows through with the effort made a couple of years ago for the same purpose. This new version includes amendments to the version released in 2009.
The need to reform the legislative framework governing the customs activity is of the outmost certainty, so that the old law of 1953 and its subsequent amendments and supplementary laws may be replaced by a new and comprehensive regulation of customs activity.
The bill seeks to reflect the principles of modern Customs Law, technological changes and the dynamics of trade, as well as new customs procedures aimed at providing trade facilitation and effective control mechanisms and contribution to national security. In addition to its inherent duty collection function, the laws of customs of today are interested in establishing practical solutions to the key social players involved in the chain of trade and transportation.
In a similar way to which other customs laws are organized in Latin America, the project is divided into several titles including:
I. General Provisions. On general and specific objectives of the law, descriptions of customs area and other areas, the structure and functioning of the bodies of the DGA and coordination with other customs related bodies, establishment of key roles in modern customs such as methods of control, delineation of the audit function, border control of intellectual property and use of digital signatures and others.
II. People Related to the Customs Authority. Defines customs operators, their document retention obligations and establishes a regime for general and special customs agents, and exclusion of liability.
III. Customs Tax Obligation. Regarding the elements that make up the customs duty, the legal-tax relationship, the customs privilege, the power of self-determination, among other conditions associated with the payment of taxes. A very important aspect of this title is the establishment of enforceable character of the debt certificate issued by the DGA.
IV. Entry and Exit of Transportation, Goods and People. Establishes the prior transmission of the cargo manifest, regulates temporary storage, among other aspects.
V. Common Customs Procedures. One of the large gaps in the current Dominican customs legislation is an expressly organization of the process for the goods as they pass through customs and the legal consequences that arise from it. This title defines the content of the customs notice, establishes an advanced customs notice, regulates advanced rulings and establishes regulations providing for rectification and withdrawal thereof. Similarly, the entire verifying function is revised, considering the new risk analysis systems.
VI. Customs regimes and operations. Reorganizes and provides each respective field with its own rules of control and supervision, as well as the procedure for changing from one regime to another and the global security or per operation, in case of internal transit.
VII. Special Customs Treatment. These provisions, formerly scattered in other or only referred to in regulations, are gathered and organized. Of particular interest in this title, are the proposed rules on tax exemption for supplies on board and supply.
VIII. Violations, Penalties and Procedure. Includes an administrative penalty regime typical of the customs activity, typifies new customs violations, establishes scales of punishment and seeks to harmonize with the principles established by the Code of Criminal Procedure.
IX. Appeals. The dual degree system is reinstated, clarifying that in addition to an appeal before the acting customs authority, an appeal before a higher administrative authority will be available before the general direction of the body.
X. Enforcement. Substantial changes are proposed on enforcement procedures; provides for the possibility of establishing interim measures.
XI. Other Trade Facilitation Measures. Such as the AEO and the One-stop-shop for Foreign Trade.
XII. Final and Transitional Provisions. This title authorizes the DGA for the restructuring of customs and other transition issues.
The key players in foreign trade, importers, exporters of raw materials and finished products, their intermediaries and advisors, must pay special attention to this project and take advantage of the opportunity that the DGA has graciously extended to meet their criteria and observations, and refine the draft before being submitted as a bill.