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O A P A
G Á N A B
O G A D O S
ACTUALIDAD REGULATORIA BOLETIN INFORMATIVO
28 de enero 2013, Sto. Dgo., R.D., Año V, Volumen II
Inconstitucionalidad de la calificación de
conducta anticompetitiva del proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley
General de Defensa a la Competencia (P. Realidad Económica)Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
CALIFICACION
DE UNA CONDUCTA ANTICOMPETITIVA. (Art.
7).
Texto sugerido:
“Art.
7 Calificación de una conducta anticompetitiva. A los efectos de la
calificación y evaluación de una
conducta empresarial anticompetitiva y su objeto o efecto, la Comisión se
ajustará al principio de realidad económica, ponderándose de manera
preferente la realidad material que las pruebas reflejan, independientemente
de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos.”
Nuevamente el Proyecto incurre
en un vicio de Legalidad, al
pretender integrar por vía reglamentaria, ya no una norma, sino más aún, un
principio de aplicación general, a utilizarse en el curso del proceso de
investigación y juzgamiento establecido por la Ley No. 42-08, para los casos en que existe una denuncia de parte
o actuación de oficio, en curso.
Este proceder es contrario a la
Constitución, pues limita más allá criterio de actuación que corresponde a Pro-Competencia y a la empresa sujeta
a una investigación, conforme lo establece el Art. 7 de la Ley No. 42-08,
a un orden todavía más estricto, y por ende, reductor de la presunción de inocencia que favorece a
todo administrado. El Art. 7 de la Ley No. 42-08, indica específicamente
el accionar que corresponde a la Administración y al administrado, en el
curso de un proceso de investigación:
“Art.
7. Calificación de una conducta anticompetitiva. La calificación de una
conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes
condiciones: (1). Las conductas enumeradas en el Art. 5 de esta ley serán
prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores,
que actúan concertadamente, salvo que ellas sean accesorias o complementarias
a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr
una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación
o la inversión productiva. (2). En la evaluación de las imputaciones de abuso
de posición dominante, se examinará la contribución o reducción de dicha
conducta a la eficiencia económica, mediante el análisis del efecto neto de
dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos
pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa.
Párrafo I. A tales fines, corresponde a quien persigue una sanción demostrar
el efecto anticompetitivo de la conducta, mientras el agente económico
investigado le corresponde demostrar posibles efectos pro-competitivos o de
eficiencia económica. Párrafo II. Asimismo, la parte actuante deberá
presentar indicios que demuestren la capacidad individual o colectiva de los
sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el
mercado. Párrafo III. A los efectos de establecer la capacidad individual o
colectiva de los sujetos investigados para crear barreras injustificadas a
terceros en el mercado, se deberá comprobar que aquéllos tienen una posición
individual o colectiva dominante sobre el mercado relevante.
Lo consignado en el Art. 7 de la Ley No. 42-08,
constituyen las únicas reglas de posible aplicación en estos
presupuestos. A ésta se suman el
Principio de Razonabilidad consagrado en el Art. 74.2 antes citado, del cual la regla de la razón o rule of
reason, del Art. 7 de la Ley No. 42-08 es una concreción
adjetiva.
Incluir por la vía
reglamentaria, el llamado “Principio de Realidad Económica”, al margen de su
posible efectividad o viabilidad, no es posible. No es un principio recogido en la ley, por
tanto su contenido y alcance no es claramente conocido. Insertarlo en el
Reglamento de Aplicación, violaría el Principio
de Culpabilidad que rige todo procedimiento
administrativo sancionador, como el previsto en dicho artículo, en
detrimento de la presunción de inocencia,
orden constitucional, que favorece a los administrados.
El numeral 3 del Art. 69
de la Constitución, incluye como parte de sus garantías mínimas:
“3) El derecho a que se presuma su inocencia
y ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por
sentencia irrevocable.”
Sin embargo, ante la
posibilidad más bien práctica y no normativa, de que se trate de un uso o
técnica-económica racional y por ende, consistente con la normas legales y
constitucionales, éste podría formar parte de algún documento consultivo de Pro-Competencia. Las técnicas y
modelos económicos que sirven de apoyo a las autoridades de competencia,
nunca forman parte de la normativa, más bien se van asentado a través de la
labor jurisprudencial, como la prueba Areeda
Turner, por ejemplo.
Es por lo que sugerimos, que en
lugar de pretender una inclusión reglamentaria, la que no es factible, el
mencionado principio, si es como se anuncia, una corolario de la
razonabilidad jurídica, sea incluido en futuras directrices o memorias a ser
publicadas por el organismo, para mejor comprensión de la política de
competencia que se administra.
Sobre el Principio de
Culpabilidad, García de Enterría
observa: Hoy no hay sobre esta extensión de tan esencial derecho fundamental
la menor duda. El Tribunal Constitucional así lo ha declarado de manera
constante: “El derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse
reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente
delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de
cualquier resolución tanto administrativa como jurisdiccional que se base en
la condición o conducta de las personas de cuya apreciación derive un
resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos” (S.8 marzo 1985).[1]
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Unconstitutionality of the qualification of
an anticompetitive conduct of the Draft
Implementing Regulations of the General Law of on Competition Defense (P.
Economic Reality) By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
QUALIFICATION OF AN
ANTICOMPETITIVE CONDUCT. (ART. 7).
Suggested text:
"Art. 7 Qualification of an anticompetitive
conduct. For the purposes of the qualification and evaluation of an anti-competitive
business conduct and its object or effect, the Commission shall follow the
economic reality principle, which gives preference to the material reality reflected
by the evidence, regardless of the legal form adopted by the economic operators.
"
Again the project incurs in a vice of Legality while attempting to
integrate through regulations, not even a standard, but a principle of
general application, to be used during the investigation and trial process
established by Law No. 42 -08, for cases where there is a complaint or an ex
officio action in progress.
This approach is contrary to the Constitution, limiting performance
criteria beyond which corresponds to Pro-Competencia
and the company subject to an investigation, as established in Article 7 of Law 42-08, to an order furthermore strict, and thus reducing the presumption of innocence that favors the
general public. Article 7 of Law 42-08, specifically indicates the
actions corresponding to the Administration and private individuals or
entities, in the course of an investigation procedure:
"Article 7. Qualification of an anticompetitive
conduct. The qualification of an anticompetitive business conduct will be
subject to the following conditions: (1). The acts listed in Article 5 of
this law shall be prohibited, provided that they are executed or planned
between competitors, acting in concert, unless they are incidental or
complementary to an agreed integration or association that has been adopted
to achieve greater efficiency of the productive activity or to promote
innovation and productive investment. (2). In the assessment of allegations
of abuse of dominance, consideration should be given to the contribution or
reduction of such conduct to economic efficiency, by analyzing the net effect
of such conduct, that is, if its anticompetitive effects outweigh the
pro-competitive effects, or to increase the economic efficiency and vice
versa. Paragraph I. To this end, the burden of proof is placed on the party
that seeks the sanction to demonstrate the anticompetitive effect of the
conduct, whereas the operator under investigation shall demostrate the
posible pro-competitive effects or of economic efficiency. Paragraph II. Also,
the applicant must submit evidence demonstrating the individual or collective
ability of the subjects under investigation to create unjustified barriers to
third parties within the market. Paragraph III. For the purpose of
establishing the individual or collective capacity of the subjects under
investigation to create unjustified barriers to third parties within the
market, the existence of individual or collective dominant position on the relevant
market shall be verified.
The only rules applicable in these scenarios are those set in the
aforementioned Article 7. To this we add the principle of reasonableness
set forth in Article 74.2 above mentioned, of which the rule of reason, contained in Article
7 of Law 42-08, is an adjective practical expression.
It is not possible to include, through an implementing regulation, the
"Economic Reality Principle", regardless of its possible
effectiveness or viability. It is not a principle contained in the law,
therefore its content and scope is not clearly known. Inserting it into the
Implementing Regulations, would violate the principle of liability that governs all administrative sanctioning proceedings, as provided in that
Article, to the detriment of the presumption
of innocence, of constitutional order, which favors the general public.
Subparagraph 3 of Article 69 of the Constitution, includes as part of its
minimum guarantees:
"3) The right to
be presumed innocent and treated as such, until proven guilty through an irrevocable
judgment."
However, at the possibility of a rather practical and not normative
use, that is to say that it is conceived with a rational technical-economic
use and thus consistent with the legal and constitutional order, it could be
part of a consultation paper issued by Pro-Competencia.
The technical and economic models that support the competition authorities are
never part of the rules; rather they are settled through case-law, such as the
Areeda Turner test, for example.
We therefore suggest that, instead of trying to include the principle
through regulation, which is not feasible, in the case it is conceived as a
corollary of legal reasonableness principle, it is included in future
guidelines or reports to be issued by the body, for better understanding of our
competition policy.
On the principle of liability,
Garcia de Enterría notes: Today
there is no doubt of the extension of such an essential fundamental right.
The Constitutional Court has so consistently declared: "The right to the
presumption of innocence cannot be understood to be limited to the reduced field
of strict prosecuting of alleged criminal conducts, but must be understood
also to lead the adoption of any resolution whether administrative or
jurisdictional that is based on the condition or behavior of people from whose
appreciation results in a sanction or the restriction of their rights
"(S.8 March 1985).
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Angélica
Noboa Pagán
2 de enero
de 2013.
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