“Vicios de la Propuesta de Art. 7.1, sobre Conducta Accesoria o Complementaria a una Integración Económica.” (A. Noboa).Flaws of the Proposed Article 7.1, on Complimentary or Ancillary Conducts to an Economic Integration." (A. Noboa).

N  O  B   O   A    P  A  G  Á  N   A  B  O  G  A  D  O  S

ACTUALIDAD REGULATORIA _{BOLETIN INFORMATIVO}

 22 de  abril de 2013, Sto. Dgo., R.D., Año V, Volumen III

“Vicios de la Propuesta de Art. 7.1, sobre Conducta Accesoria o Complementaria a una Integración Económica.” (A. Noboa). Serie: Comentarios al Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08, General de Defensa de la Competencia sometido a Consulta Pública por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia). Una de las más inquietantes propuestas de contenido del Reglamento de Aplicación de la  Ley No. 42-08, sometido a consulta pública por ProCompetencia el pasado mes de agosto de 2012, es su Art. 7.1 sobre conductas accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida. A través de  la misma, el organismo administrativo, abiertamente procura modificar normas y procedimientos establecidos en la Ley No. 42-08, que se remiten, algunos casos, al régimen constitucional dominicano. Al margen de la crítica de fondo, que cabe al menos a una de las disposiciones de la ley, cuya modificación ProCompetencia procura (es decir, el Art. 7.1 de la Ley, sobre calificación de prácticas concertadas y acuerdos prohibidos), revertir el orden jurídico establecido por la ley e incluso, la propia Constitución, es totalmente inadmisible. ProCompetencia ha sometido a consulta pública, la siguiente disposición reglamentaria: “Art. 7.1 Se consideran conductas “accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva” permitidas a la luz del articulo 7.1, aquellas que de modo concurrente cumplan con las siguientes condiciones. a)                 No eliminan o disminuyen significativamente la competencia en la provisión de los bienes o servicios involucrados; b)                 Son estrictamente necesarias para lograr aumentos mensurables en la innovación, la eficiencia o la inversión productiva en la provisión de los bienes o servicios involucrados; y c)                 Prevén explícitamente el modo y la magnitud en que los clientes, consumidores y/o usuarios obtendrán beneficios significativos, en términos de menores precios o mejor calidad en los productos o servicios involucrados.   Corresponderá a los agentes económicos involucrados en estas conductas producir las pruebas que la Comisión estime necesarias para demostrar que la conducta cumple concurrentemente con los requisitos  a) b) y c). La Comisión podrá establecer un mecanismo de monitoreo periódico del cumplimiento de los requisitos, para lo cual los agentes económicos involucrados deberán proveer la información que les sea requerida. Párrafo I. En los casos enumerados en el artículo 5 de la ley, será suficiente, para calificar como anticompetitivo un acuerdo entre competidores, aportar la evidencia directa del acuerdo y demostrar la capacidad de control del mercado relevante que tienen, individual o colectivamente, los agentes económicos participantes en el acuerdo. Párrafo II. Los acuerdos prohibidos descritos en el Artículo 7.1 de la Ley incluyen las fusiones y adquisiciones de empresas que tengan como objeto o que produzcan el efecto de cerrar el mercado o restringir la competencia entre agentes competidores. Párrafo III. La comisión emitirá y mantendrá actualizado un Manual de Investigación de Prácticas Anticompetitivas, que incluirá la evaluación de los efectos ex post de fusiones y adquisiciones de empresas, y lo actualizará periódicamente, de conformidad con las mejores prácticas internacionales.” (Énfasis nuestro).” Las parte subrayada, es el objeto de nuestra crítica. La propuesta revierte el criterio de calificación previsto por el Art. 7.1 de la Ley No. 42-08, y por ende, la propuesta vulnera el Principio de Legalidad. Si bien, el Art. 7.1 de la ley, es contradictorio, pues integra un criterio de calificación de las prácticas concertadas y acuerdos prohibidos, desviado del objetivo mismo de la ley, no es ProCompetencia entidad con atribuciones para modificar una norma dictada por el Congreso Nacional. El Art. 7.1 de la ley establece lo siguiente: “Art. 7. Calificación de una conducta anticompetitiva. La calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a la siguientes condiciones: 1. Las conductas enumeradas en el Art. 5 de esta ley será prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores que actúen concertadamente, salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida, que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva.” (Énfasis nuestro).   En nuestra opinión, la ley, conduce a desviados criterios de calificación de tales conductas, conforme el objetivo de ley establecido en el artículo 1: “Objeto. incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios …”. Una propuesta original del Art. 7.1 de la ley, indicaba “…a una integración o asociación convenida, que produzca un comprobado incremento en la eficiencia en los mercados.”   Sin embargo, no es facultad del organismo encargado de la ejecución de la ley, enmendar los errores de derecho de la norma legal que la rige, o bien, modificar el criterio de calificación de conductas cuya investigación y juzgamiento administrativo les compete. Es evidente, además, que ProCompetencia, no sólo procura corregir el criterio de calificación, para dar cabida al uso excepcional y correcto de la llamada regla de la razón, en casos de conductas concertadas que tengan su origen en una integración económica; sino que además, intenta modificarlo, para establecer, como regla general y única, la regla per se, en todos los escenarios de investigación de las conductas establecidas en el Art. 5 de la ley, acerca de acuerdos prohibidos y prácticas concertadas. Al margen de la opinión disidente que tenemos sobre el uso de ese método único de calificación para tales conductas, por el momento lo importante es señalar que una resolución de Procompetencia o decreto presidencial, dictado por la cabeza del Poder Ejecutivo, que contenga tal enmienda, devendría un acto administrativo nulo de pleno derecho, dictado en extralimitadas facultades. Finalmente, se propone integrar, por vía reglamentaria, una tipología de acto prohibido, es decir, acuerdos de fusiones y adquisiciones anticompetitivos per se, a pesar de no estar previsto en el conjunto del  Art. 5 de la Ley No. 42-08. Si bien, el párrafo in fine del Art. 5, defectuosamente pluraliza la posibilidad de abarcar otras conductas distintas a las taxativamente enumeradas en su contenido, la integración de esa o cualquier otra tipología anticompetitiva, atentaría contra el Principio de Tipicidad con base en el Art. 69.7 de la Constitución. Luego, organizar procedimientos de investigación, a partir de esa creación, una no menos grave violación al debido proceso de ley. ProCompetencia es un órgano naciente, con importantes tareas en su agenda.  Desde el debate en consulta pública de propuestas reglamentarias, debe velar por su prestigio. Le urge corregir esta propuesta y publicar una nueva conforme a la Constitución y a la leyes nacionales.  En el caso del Art. 7.1 de la propuesta, si mantiene las disposiciones que no hemos observado y elimina las señaladas, conseguiría vencer, en importante medida, los déficits de la Ley No. 42-08 mencionados. Lograría reconducir el criterio de calificación de conductas anticompetitivas asociadas con una integración económica, en el marco de sus atribuciones, a través de criterios basados en la razonabilidad económica, como lo son, los tres escenarios o presupuestos que propone para su aceptación. Pero además, anticiparía a las empresas, una valiosa información acerca de sus criterios de examen de conductas, en su Manual de Evaluación ex post de Fusiones y Adquisiciones, medida saludable para la seguridad jurídica y protección de la confianza legítima de empresas, enmarcada en el ámbito de sus atribuciones. Sobre esto último, necesita todavía variar el título y alcance de dicho manual. El mismo no puede evaluar directamente las fusiones y adquisiciones. La ley no le atribuye esa potestad a ProCompetencia. Sí podría informar sobre las mejores prácticas admisibles en tales casos. 22 de marzo de 2013.

Flaws of the Proposed Article 7.1, on Complimentary or Ancillary Conducts to an Economic Integration." (A. Noboa). Series: Comments on the draft Implementing Regulations of Law 42-08, on Competition Defense submitted for  public consultation by the National Competition Defense Commission  (ProCompetencia). One of the most disturbing content proposals of the draft Implementing Regulations of Law 42-08, subject of an ongoing public consultation process since August 2012  ProCompetencia, is its Article 7.1 on ancillary or complementary conducts to a convened integration or association. Through it the administrative agency openly seeks to modify rules and procedures established by Law 42-08, which in some cases refer to the Dominican constitutional regime. Apart from the substantive criticism to at least one of the provisions of the law, which ProCompetencia seeks to modify, reverting the legal order established by law and even the Constitution itself, is totally unacceptable. ProCompetencia has submitted the following statutory provision for public consultation: "Art 7.1 "Ancillary or complementary conducts to a convened integration or association which has been adopted to achieve greater efficiency of a productive activity or to promote innovation or productive investment" deemed permitted in  light of Article 7.1, are those who concurrently comply with the following conditions. a) do not eliminate or significantly reduce competition in the provision of the goods or services involved; b) are strictly necessary to achieve measurable increases in innovation, efficiency or productive investment in the provision of the goods or services involved, and c) explicitly foresee the manner and extent to which customers, consumers and / or users will obtain significant benefits in terms of lower prices or better quality of the products or services involved. The economic agents involved in these conducts shall produce the evidence which the Commission considers necessary to demonstrate that the conduct concurrently meets the requirements a) b) and c). The Commission may establish a mechanism for regular monitoring of compliance with the requirements, for which the economic agents involved must provide the information requested of them. Paragraph I. In the cases listed in Article 5 of the Law, in order to qualify as an anticompetitive conduct an agreement between competitors, it will suffice to provide direct evidence of the agreement and to demonstrate the dominant market power in the relevant market held by, whether individuality or collectively, the operators participating in the agreement. Paragraph II. The prohibited agreements described in Article 7.1 of the Law include mergers and acquisitions which have the object or effect of foreclosing the market or restricting competition among competing agents. Paragraph III. The commission shall render and update an Investigation Manual of Anticompetitive Practices, which will include the assessment of ex post effects of mergers and acquisitions, and shall update it regularly, in accordance with international best practices. "(Emphasis added)." The underlined part is the object of our criticism. In addition, the proposal reverses the grading criteria established by Article 7.1 of Law 42-08 and, therefore, violates the Principle of Legality. Even though Article 7.1 of the Law is in fact contradictory, because it establishes a qualifying criteria of prohibited agreements and concerted practices, which deviates from the purpose of the law, it is not ProCompetencia's competence to modify a standard adopted by our National Congress. Article 7.1 of the Law states: "Art July. Assessment of an anticompetitive conduct. The assessment of a business conduct as anticompetitive is subject to the following conditions: 1. The acts listed in Article 5 of this law shall be prohibited, provided they are executed or planned between competitors acting in collaboration, unless they are ancillary or complementary to a convened integration or association, which has been adopted to achieve greater efficiency of the productive activity or to promote innovation or productive investment. "(Emphasis added.)   In our opinion, the law leads to a deviant qualification criteria of such behaviors, pursuant to its objectives as laid down in Article 1: "Objective. increase economic efficiency in the markets of goods and services in favor of the consumers and users of these goods and services... ". An original proposal of Art. 7.1 of the Law stated "... a convened integration or association that results in a proven increase of efficiency in the markets."   However, it is not for the agency responsible for implementing the law,  to amend the errors of the legal statute that governs it, or to alter the assessment criteria of conducts whose administrative investigation and prosecution it is responsible for. It is clear, moreover, that ProCompetencia, not only attempts to correct the assessment criteria, in order to admit the exceptional and appropriate use of the so-called rule of reason, in  concerted practices that originate in economic integrations, but also it tries to modify it to establish, as the general and exclusive rule, the per se rule, in all investigation scenarios of the conducts established in Article 5 of the Law, on prohibited agreements and concerted practices. Setting aside our dissenting opinion the use of this sole method of qualification for such behaviors, at the moment what we believe is important is to note that a resolution issued by ProCompetencia or a presidential decree, issued by the head of the Executive Branch, in which such an amendment were to be contained, would become a null and void administrative act, issued in excess of powers. Finally, they propose to integrate, by regulation, a type of prohibited act,  such as anticompetitive mergers and acquisitions per se, although not provided for in the whole of Article 5 of Law 42-08. While the last paragraph of Article 5, defectively pluralizes the possibility to cover other conducts other than those specifically listed in its content, the integration of that or another type of anticompetitive conduct would undermine the principle of typicity, based on Article 69.7 of the Constitution. Furthermore, to conduct investigative procedures, based on that creation, would constitute a no less serious violation of due process of law. ProCompetencia is a nascent body with important tasks to undertake. It should ensure its prestige, starting from the debate of regulatory proposals on pubic consultations. It is important that they correct this proposal and issue a new one, in accordance with the Constitution and national laws. In the case of the proposed Article 7.1, if they choose to maintain the provisions that we have not objected, and eliminate those that we have, they will have overcome, in significant measure, the aforementioned defects of Law 42-08. Moreover, they could redirect the assessment criteria of anticompetitive conducts associated with economic integrations, within the framework of their powers, through criteria based on economic reasonableness, as are the three scenarios proposed for acceptance. Furthermore, they would anticipate valuable information to companies about the criteria used to assess their conducts in its Ex post Assessment Manual of Mergers and Acquisitions, an important measure to assert legal certainty and protection of legitimate expectations of companies, as part of the scope of their faculties. Regarding this last issue, the title and scope of this manual must change. It cannot directly assess mergers and acquisitions. The law does not grant this power to ProCompetencia. They can, however, inform of the best practices admissible in such cases. March 22, 2013.