Primera aparición pública de la Comisión de Defensa a la Competencia.

Por: A. Noboa anoboa@npa.com.do

El pasado martes 29 de noviembre, en ocasión del cierre del Diplomado en Derecho de la Competencia ofrecido por la Universidad Iberoamericana y organizado por las Licenciadas Biviana Rivero, Laura Castellanos y Yomaira Martinó, 4 de los 5 miembros del Consejo Directivo de la Comisión de Defensa a la Competencia, hicieron su primera comparecencia pública, donde ofrecieron importantes informaciones sobre la institución que han de dirigir, actualmente en proceso de estructuración.

Los comisionados presentes, fueron los Licenciados Luis Reyes, Magdalena Gil de Jarp, Antonio Rodríguez Mansfield y Leyda Reyes. La Lic. Esther Aristy, presentó sus excusas.

Dichos funcionarios explicaron que actualmente se encuentran en el curso de la de discusión de la estructura orgánica y flujos de procesos para el funcionamiento de la institución. En ese orden, deciden el número de divisiones departamentales y personal técnico y administrativo a requerir, para cumplir con los mandatos esenciales exigidos por la Ley No. 42-08, incluyendo a la Dirección Ejecutiva, la cual aún se encuentra vacante.

Asimismo, informaron que se han elaborado los términos de referencia de los proyectos de consultoría internacional a requerir de algunas agencias internacionales, destinados a asistirles en la preparación de los manuales de manejo de casos, elaboración de los primeros estudios de diagnóstico de mercados prioritarios y otras tareas/producto. Junto a esas tareas, los funcionarios también llevan a cabo las gestiones administrativas de rigor, para la formal creación del nuevo organismo regulador, como parte del tren administrativo.

Estiman que no será hasta el segundo semestre de 2012, que la institución esté lista para recibir casos o iniciar investigaciones de oficio. Sin embargo, es dable que durante ese primer semestre se inicie la discusión en consulta pública de los procedimientos y reglamentos que regirán el debido proceso administrativo de la entidad.

Finalmente, anunciaron que la República Dominicana, será el país anfitrión de Foro Latinoamericano de Competencia, OCDE-BID, a ser celebrado en esta ciudad, en Septiembre de 2012.

6 de diciembre de 2011.

First public appearance of the Competition Defense Commission.

By: A. Noboa anoboa@npa.com.do

On Tuesday November 29, during the closing of the Certificate Course in Competition Law offered by UNIBE (Universidad Iberoamericana) and organized by lawyers Biviana Rivero, Laura Castellanos and Yomaira Martinó, four of the five members of the Board of the Competition Defense Commission made their first public appearance. During said appearance they provided important information about the institution they are to direct, currently undergoing a restructuring process.

The officials present at the event were Commissioners Luis Reyes, Magdalena Jarp Gil, Antonio Rodriguez Mansfield and Leyda Reyes. Commissioner Esther Aristy, was not able to attend, and formally presented her excuses.

They explained that they are currently in the midst of the discussion regarding the organizational structure and process flows for the operation of the institution. Moreover, they are deciding the number of departments and/or divisions and technical and administrative staff required to meet the essential terms required by Law No. 42-08, including the Executive Office, which is still vacant.

They also reported that they have developed the terms of reference for the international consulting projects that will be required from some international agencies, in order to assist them in the preparation of case management manuals, development of the first diagnostic market studies of priority markets and other tasks/products. Along with these tasks, the officials are also conducting the rigorous administrative procedures for the formal creation of the new regulatory body, as part of the administration works.

Nevertheless, they believe that the institution will not be ready to receive cases or initiate investigations until the second half of 2012. However, it is possible that during the first semester of the coming year they might open to public discussion the consultation process of the procedures and regulations that will govern the administrative due process of the entity.

Finally, they announced that the Dominican Republic will host the Latin American Competition Forum, OECD-IDB, to be held in this city, in September 2012.

December 6, 2011.

“El Bloque de Constitucionalidad como fundamento normativo de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional”

Por: Juan Carlos Coiscou P. /Abogado Asociado/Magister en Derecho de Daños

Continuando el análisis de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, promulgada el pasado 13 de junio del corriente año, nos referiremos al encuadramiento que hace esta ley, de la construcción jurisprudencial y normativa conocida como Bloque de Constitucionalidad.
Como es bien sabido, la defensa del debido proceso y su adaptación a nuestro derecho interno, constituye la génesis del llamado bloque de constitucionalidad. Lo anterior, debido a que, mediante la Resolución 1920-2003, del 13 de noviembre de 2003, se consolidó un concepto de configuración jurisprudencial pero de asidero legal, y de cuyo contenido, se derivaba la exigibilidad de distintos instrumentos jurídicos de corte nacional e internacional, específicamente, en materia de derechos fundamentales. Así, la resolución 1920-03, dispuso en uno de sus atendidos que: “forman parte de nuestro derecho interno el conjunto de garantías mínimas reconocidas en nuestra Constitución, así como la normativa supranacional conformada por los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen derechos fundamentales, tal como ha sido reconocido por esta Suprema Corte de Justicia, mediante resolución que instituye el procedimiento para ejercer el recurso de amparo, de fecha 24 de Febrero del 1999”. Esto último, constituyó el precedente base para la construcción de un concepto global que integrara tanto la actividad jurisprudencial como las normas legales especializadas a la protección de los derechos fundamentales, y mayormente, al debido proceso en auge en aquel entonces.
En este contexto, la resolución definió el bloque de constitucionalidad de la manera siguiente:“Atendido, a que la República Dominicana, tiene un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria”.
Esta definición, guarda perfecta relación con el espíritu y contenido de la Ley No. 137-11, partiendo, incluso, partiendo desde el objeto y alcance de la misma sobre lo cual se refiere el artículo 2 de ésta:“Esta ley tiene por finalidad regular la organización del Tribunal Constitucional y el ejercicio de la justicia constitucional para garantizar la supremacía y defensa de las normas y principios constitucionales y de Derecho Internacional vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables”. De lo anterior, deviene que esta ley utilice el bloque de constitucionalidad como un fundamento normativo para la validación jurisdiccional del Tribunal Constitucional y como fuente de normativas exigibles y aplicables para la búsqueda de la justicia constitucional.
En tal virtud, el artículo 3 dispone que: “En el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional sólo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus reglamentos”. Aunado a que mediante este artículo, la ley integra el bloque de constitucionalidad como fundamento normativo, la misma también lo introduce como parte de los principios rectores del sistema constitucional, toda vez que, el artículo 7, numeral 3, en la definición del principio de Constitucionalidad dispone que:“Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad”.
Ante la existencia de una construcción normativa como el bloque de constitucionalidad, y como en todo fundamento normativo, surge la posibilidad de que, en determinado momento, pudiera acontecer un conflicto normativo. En este sentido, la ley No. 137-11, en otro de sus principios rectores, presenta la fórmula para la solución de aquel posible conflicto, ya que, de acuerdo al numeral 5 del mencionado artículo 7, el principio de favorabilidad dispone que: “La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable para el titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección (…)”.
Lo dispuesto en este principio de favorabilidad resulta de mucha practicidad e higiene procesal y argumentativa, tanto para el Tribunal Constitucional como para los juristas que acudan en defensa de víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, sobre todo, en materia de derechos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté más avanzada y cuyos criterios sean más beneficiosos para la víctima. Ejemplo de ello, sería la actual evolución en materia de daños a los derechos civiles y políticos, así como la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual importancia, se reviste la jerarquía supletoria que otorga la Ley a las normas infraconstitucionales, ya que, es obligada su consulta y uso en los casos en que sean más favorables que las normas del bloque de constitucionalidad, lo cual, acontece, por ejemplo, con la Ley No. 42-08, General de Defensa de la Competencia, aplicable al binomio jurídico conformado por el derecho a la Libre Empresa y la Libre Competencia, entre otros ejemplos.




"The Constitutional Block as a normative basis of Law No. 137-11, of the Constitutional Court"
By: Juan Carlos Coiscou P. / Associate Attorney / Master of Tort Law

Continuing the analysis of Law No. 137-11, of the Constitutional Court and the Constitutional Process, enacted on June 13th of 2011, we will refer to the framework that typifies this law as of the legal construction known as “Constitutional Block”.

It is common knowledge that the defense of the due process of law and its adaptation into our legal system is the genesis of the so-called constitutional block. This, because, through Resolution 1920-2003 of 13 November 2003, a concept of case-law configuration but of legal nature was consolidated, and of whose content was derived the enforcement of various legal instruments of domestic and international nature, specifically in regards to fundamental rights. Thus, resolution 1920-03, stated in one of its recitals that: "constitute part of our domestic law the set of minimum guarantees acknowledged in our Constitution, as well as the supranational rules contained in treaties and conventions that recognize fundamental rights, as has been recognized by this Supreme Court, by resolution, which establishes the procedure for exercising the remedy of amparo, dated February 24, 1999”. This last part set the precedent for building a global concept that integrated both case-law activity as well as specialized legal standards for the protection of fundamental rights, and especially, due process of law, in vogue at that moment.

In this context, the resolution defined the constitutional block as follows: "Considering that the Dominican Republic has a constitutional system consisting of equal standing provisions emanating from two key normative sources: a) national source, formed by the Constitution and local constitutional case-law dictated by both judicial review (or diffuse control) and specialized constitutionality review (or concentrated control,) and b) international source, comprised of international covenants and conventions, advisory opinions and decisions of the Inter-American Court of Human Rights. These legal sources as a whole, according to the best legal theory, make up what has been called the constitutional block, to which is subject, both formally and materially, the validity of every primary or secondary legislation”.

This definition is fully in connection with the spirit and content of Law No. 137-11, starting from its object and scope, as stated in Article 2 thereof: "This law is intended to regulate the organization of the Constitutional Court and the exercise of constitutional justice to ensure the supremacy and advocacy of constitutional norms and principles of international law in force in the Republic, its uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in international treaties on human rights ". From the aforementioned definition we can conclude that this law has used the constitutional block provisions as a normative basis for validating the jurisdiction of the Constitutional Court and as a source of enforceable and applicable regulations to the pursuit of constitutional justice.

As such, Article 3 provides that: "In carrying out its duties as constitutional jurisdiction, the Constitutional Court is subject only to the Constitution, the rules that make up the constitutional block, to this law and its regulations”. Not only does the law, through this article, integrate the constitutional block provisions as a normative basis, it also introduces as part of the guiding principles of the constitutional system, since Article 7, paragraph 3, in the definition of the principle of Constitutionality provides that: "It is for the Constitutional Court and the judiciary branch, within their respective powers, to ensure the supremacy, integrity and effectiveness of the Constitution and the constitutional block".

In the presence of a normative structure such as the constitutional block, and as in all normative basis, the possibility arises that, at some point, a regulatory conflict could happen. In this regard, Law No. 137-11, in another of its guiding principles, establishes the mechanism for the solution of that potential conflict, since, in accordance with paragraph 5 of the aforementioned Article 7, the principle of lenity provides that: "The Constitution and fundamental rights must be interpreted and applied so as to optimize their maximum effectiveness to support the fundamental right holder. Where there is conflict between norms of the constitutional block that which is most favorable to the holder of the infringed right shall prevail. If an infra-constitutional rule is more favorable for the holder of that fundamental right than those of the constitutional block, the former shall be applied in a supplemental manner, so as to ensure the highest level of protection (...) ".

The provisions of this principle of lenity is of great practical, procedural and argumentative use, for both the Constitutional Court and the lawyers who come to the defense of victims who suffer violations to their fundamental rights, especially regarding the rights in which the Inter-American Court of Human Rights is more advanced and whose criteria are more beneficial to the victim. An example would be the current developments regarding damages in civil and political rights and the protection of Economic, Social and Cultural Rights. Equally important, it grants infra-constitutional provisions a supplemental hierarchy, given that their consultation is required and shall prevail in cases where they are more favorable than those of the constitutional block, which happens, for example, with Law No. 42-08, the Competition Law, applicable to the legal binomial of the right to free enterprise and to free competition, among other examples.

Más de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional

Por: Juan Carlos Coiscou P. /Abogado Asociado/Magister en Derecho de Daños

Debido a la relevancia jurídica del nuevo sistema constitucional instaurado en nuestro ordenamiento, y a propósito del momento que actualmente protagoniza el Consejo Nacional de la Magistratura, de dónde, ávidamente, esperamos que resulte una representable tribuna de jueces capaces y doctos en la materia, continuaremos abordando, fragmento a fragmento, la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procesos Constitucionales, promulgada el pasado 13 de junio del corriente año. Previamente, expusimos, a grandes rasgos, los logros de esta nueva ley. En esta ocasión, trataremos brevemente lo que ya podemos llamar Justicia Constitucional.

Anteriormente, dicha enunciación era un esbozo común en los doctrinarios criollos constitucionalistas y litigantes que, a base de extrapolaciones normativas y construcciones tanto teóricas como prácticas, erigían la exigibilidad de una justicia constitucional. Hoy en día, la mencionada Ley No. 137-11 configura, legalmente, este estandarte de justicia como parte del Estado Social y Democrático Derecho. En este sentido, el artículo 5 de la mencionada ley dispone que: “La justicia constitucional es la potestad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional en los asuntos de su competencia. Se realiza mediante procesos y procedimientos jurisdiccionales que tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad y eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales”. Esta construcción legal y constitucionalista, se desmiembra jurídicamente en dos aspectos de suma importancia (i) la reciente definición e introducción a nuestro ordenamiento de ‘la infracción constitucional’ y (ii) la relación de equilibrio que debe mediar entre la protección de la supremacía e integridad del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

En cuanto al primer aspecto, Ley No. 137-11, define las ‘infracciones constitucionales’ en su artículo 6, el cual establece que: “Se tendrá por infringida la Constitución cuando haya contradicción del texto de la norma, acto u omisión cuestionado, de sus efectos o de su interpretación o aplicación con los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana o cuando los mismos tengan como consecuencia restar efectividad a los principios y mandatos contenidos en los mismos”. Como es posible observar, la ley presenta una definición amplia pero determinada y cerrada a su vez en términos de tipologías jurídicas, ya que circunscribe la infracción a la abyección del contenido o aplicación de cualquier otra norma, acto jurídico u omisión de un deber con el contenido de la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.
En esto último, los legisladores jugaron con las teorías monista y dualista para encontrar un punto medio, con el cual, a la luz de la determinación de una infracción, contradecir el contenido de un tratado internacional en materia de derechos humanos, debidamente ratificado, se equipararía a contradecir el contenido de la Constitución misma, o mejor dicho, la infracción constitucional es igualmente sancionable desde la óptica de la justicia constitucional cuando se trata de una violación de la Constitución como cuando se trata de una violación a un tratado internacional sobre derechos humanos.

Lo anterior, nos lleva al segundo aspecto que mencionábamos, relativo a la relación de equilibrio entre la defensa del orden constitucional y la eficaz protección de los derechos fundamentales, toda vez que, de cara a los preceptos y disposiciones de la justicia constitucional, carece de sentido defender la supremacía e integridad del orden constitucional si su interpretación no se traduce en una protección eficaz a los derechos fundamentales. Por tanto, debe ser entendido que como parte del orden constitucional se encuentra la real y efectiva protección de los derechos fundamentales, y la correcta interpretación de la Constitución así como el bloque de constitucionalidad además de los tratados internacionales sobre derechos humanos, a favor de éstos.
Procesalmente, las sanciones a las infracciones constitucionales operan a través de los distintos procedimientos que van desde el Amparo hasta el control concentrado de Constitucionalidad, contenidos en la normativa y que, a groso modo, tendrían por efecto revocar las normas o actos jurídicos violatorios o compeler al cumplimiento de deberes omitidos en pro y defensa del orden constitucional, los derechos fundamentales y el mantenimiento de un Estado de Derecho.



"More on the Constitutional Court Law, No. 137-11"
By: Juan Carlos Coiscou P. / Associate Attorney / Master in Tort Law

Due to the legal significance of the new constitutional system established within our juridical structure (and considering the situation the Judiciary National Council is currently undergoing, which we eagerly hope results in the election of a tribune of representative, capable and educated judges in the matter), we will continue to address, fragment by fragment, Law No. 137-11 of the Constitutional Court and the Constitutional process, enacted on June 13th of 2011. Previously, we discussed, in broad terms, the achievements of this new law. On this occasion, we will briefly address what we can now call Constitutional Justice.

In the past, this statement was a common scheme amongst national constitutionalist and litigants, who, based on normative extrapolations an constructions of both theoretical and practical nature, erected the enforceability of a constitutional justice. Today, the aforementioned Law legally establishes this standard of justice as part of the Social and Democratic State of Law. In this sense, Article 5 of the Act provides that: "Constitutional justice is the power of the Constitutional Court and the Judicial Branch to rule on constitutional matters within its competence. This is done by judicial processes and procedures that aim to penalize constitutional infringements, in order to ensure the supremacy, integrity, efficiency and protection of the constitutional order, its proper interpretation and the effective protection of fundamental rights.” The legal and constitutional construction unfolds into two important aspects (i) the recent definition and introduction to our system of 'the constitutional infringement’ and (ii) the balance between the protection of the supremacy and integrity of the constitutional order and the effective protection of fundamental rights.

Regarding the first aspect, Law No. 137-11 defines "constitutional infringement" in Article 6, which states: "It shall constitute and infringement to the Constitution when there is a contradiction with the text of the law, act or omission in question, its effects or its interpretation or application with the standards, principles and rules contained in the Constitution and international human rights treaties signed and ratified by the Dominican Republic or when they have as an effect the reduction of the effectiveness of the principles and mandates therein ". As we may observe, the law provides a broad definition, but firm and delimited as well in terms of legal types, since the violation is limited to the abjection of the content or application of any other law, legal act or omission of a duty to the content of the Constitution or duly ratified international treaties regarding human rights.

Regarding the latter, lawmakers juggled with both monist and dualist theories to find a middle ground, with which, in light of the determination of an infringement, to contradict the content of an international treaty on human rights, duly ratified, would equate to contradict the contents of the Constitution itself, or rather, the constitutional infringement is also punishable from the perspective of constitutional justice in the case of a violation of the Constitution as if it is a violation of an international treaty on human rights .

This brings us to the second aspect mentioned, regarding the equilibrium between the defense of the constitutional order and the effective protection of fundamental rights, since, in view of the precepts and rules of constitutional justice, there is no sense in defending the supremacy and integrity of the constitutional order if it does not translate into an effective protection of fundamental rights. Therefore, it should be understood as part of the constitutional order the genuine and effective protection of fundamental rights, the correct interpretation of the Constitution and the constitutional law, as well as the international treaties on human rights in their favor.

Procedurally, the penalties constitutional infringements operate through different procedures ranging from Amparo to the concentrated control of constitutionality, contained in the regulations and that, roughly, would have the effect of revoking the regulations or legal acts that violate the Constitution or coercing the performance of omitted duties in favor of and to defend the constitutional order, fundamental rights and the preservation of the rule of law.

Estímulo Tributario a la Inversión en la Cinematografía Nacional.

Por A. Noboa anoboa@npa.com.do

Incentivo a empresas productoras.

La Ley No. 108-10 del 29 de julio de 2010, en su Art. 34, Mod. por la Ley No. 257-10, del 30 de noviembre del mismo año, establece que las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tiene derecho a deducir el cien por ciento (100%) del valor invertido del Impuesto Sobre la Renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión. El monto compensable del Impuesto Sobre la Renta, no podrá superar el 25% del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año en se realizó la inversión.

Beneficiarios.

En virtud del Art. 33 de la misma ley, pueden beneficiarse de los incentivos fiscales a la actividad cinematográfica en la República Dominicana, las personas físicas o jurídicas que administren, fomenten, promuevan o desarrollen obras cinematográficas y otras obras audiovisuales que cumplan con requisitos establecido en la mencionada ley y sus reglamentos, que incluye: la obtención de un permiso único de rodaje; la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil, la inversión de un mínimo de veinte por ciento (20%) de capital dominicano o gastos del presupuesto por el mismo porcentaje, erogados en Rep. Dominicana.

Obras beneficiarias.

Además de obras cinematográficas, podrán acogerse a los incentivos fiscales de la presente ley, las siguientes obras audiovisuales: películas para televisión series y miniseries de televisión para distribución nacional o internacional, documentales, telenovelas y videos musicales.

Donaciones.

En caso de donaciones otorgadas, las mismas deben ser deducibles hasta el cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible del ejercicio conforme a lo dispuesto por el Código Tributario Dominicano.
Películas Extranjeras.
Estas películas, sean total o parcialmente producidas en la República Dominicana, podrán beneficiarse de los incentivos establecidos en esta ley, con excepción del beneficio del uso de los fondos de promoción cinematográfica a ser provistos por el Estado.

Sello Nacional de Cinematografía.

Las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeros que opten por alguno de los incentivos fiscales o de fomento establecidos en la presente ley deberán incluir en sus obras el Sello Nacional de Cinematografía, de conformidad con los parámetros y condiciones establecidos en el Reglamento de aplicación.



Tax Incentives for Investment in National Cinematography.
By A. Noboa anoboa@npa.com.do

Incentive for producing companies.

Law 108-10 for the Promotion of the film industry in the Dominican Republic or the Film Law, provides that legal entities who invest in companies whose sole purpose is the production of Dominican feature films, previously approved by the General Cinema Bureau (known for its acronym in Spanish as DGCINE), is entitled to an incentive of a 100% deduction of the investment against income tax, for the taxable period in which the investment is made. This deduction is limited to a 25% of the tax payable for the fiscal year in which the investment was made.

Beneficiaries.

Under Section 33 of the Act, all natural or legal persons who manage, support, promote or develop films and other audiovisual works, which meet the established requirements in this Act and its regulations, may benefit from tax incentives for the film industry in the Dominican Republic. These requirements are: obtaining a Single Filming Permit; contracting a liability insurance policy; registering in SIRECINE ; expenses totaling at least 20% of the budget of the audiovisual work has to be spent in the country, or the Dominican capital invested shall be at least 20% of the budget; and, to have a minimum participation of Dominicans, whose percentage will depend on whether the work is considered Dominican or foreign, in accordance with the Law.

Eligible works

Besides films, the following audiovisual works will be eligible for tax incentives of this Act: television movies and series and miniseries for television for national or international distribution, documentaries, soap operas and music videos.


Donations.

In case of donations they will be deductible up to 5% of net taxable income, as provided by the Dominican Tax Code.

Foreign films.

These films, whether they are totally or partially produced in the Dominican Republic, will benefit from the incentives provided in this Act, except for the benefit of using film promotion funds to be provided by the State.

National Film Stamp.

Natural and legal persons, foreign or national, who choose any of the tax or promotion incentives set forth in this Act shall include in their works, the National Film Stamp, in accordance with the parameters and conditions set forth in the implementing regulation.

“Crédito Fiscal Transferible: Atractiva y segura exención fiscal para invertir en cine dominicano, sin necesidad de producirlo.”

Por: A. Noboa Pagán anoboa@npa.com.do
El pasado 13 de junio, fue dictado el esperado Reglamento de Aplicación de la Ley No. 108-10, del 29 de julio de 2010 (Mod. por 257-10 del 18 de noviembre del mismo año), para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, mediante el Decreto No. 370-11. Entre otros importantes aspectos, el reglamento habilita la posibilidad de acceder al crédito fiscal transferible y con el mismo, dinamizar el nuevo sector, al tiempo de crear condiciones legalmente seguras para inversionistas, no directamente relacionados con la producción de obras cinematográficas y audiovisuales.
El crédito fiscal transferible, forma parte del Régimen de Estímulo a la Actividad Cinematográfica de la Rep. Dom., de la mencionada ley. Como primer paso, acceden al mismo, todas las personas naturales o jurídicas que produzcan obras cinematográficas y audiovisuales dominicanas o extranjeras en el territorio nacional. Su beneficio consiste en crédito fiscal equivalente a un veinticinco (25%) por ciento, de todos los gastos realizados en el país.
Si bien, no todas las fuentes de inversión local, se encuentran interesadas en participar directamente en la producción de obras cinematográficas o audiovisuales, muchas empresas estarían interesadas en acceder a la generosa y cómodo ventaja fiscal que la ley ofrece a través de este incentivo.
Lo anterior, en vista de que, el crédito fiscal transferible, puede ser usado por los productores, en su declaración jurada anual de Impuesto Sobre la Renta, como también, quedar transferido en favor de cualquier persona natural o jurídica para los mismos propósitos y con idénticos efectos legales. Esa transferibilidad es un importante atractivo del incentivo fiscal, toda vez que el productor ya sea de un corto, medio o largometraje, documental, serie televisiva, video u otro producto audiovisual, puede ceder su incentivo fiscal a favor de otra persona o empresa contribuyente, que no requiere estar ligado directamente, ni como productor u otra calidad a la industria del cine, para recibirlo.
Para fines de aplicación del crédito fiscal transferible, serán computados todos los gastos directamente relacionados con la pre-producción, rodaje, y post-producción de obras cinematográficas y audiovisuales, incluyendo la adquisición y contratación de bienes y servicios, arrendamiento de bienes de cualquier naturaleza y contratación de personal técnico, artístico y administrativo nacional o extranjero, siempre y cuando los mismos se encuentren respaldados por las facturas comprobantes y/o documentaciones pertinentes.
Sin embargo, estos detalles, no serán preocupación del inversionista cesionario del crédito. Esto así, en vista de que la dinámica de este incentivo fiscal, involucra en una primera fase a los productores, encargados de su gestión, mediante la aprobación previa del presupuesto de la obra por ante la Dirección General de Cine (DGCINE). Luego, esta autoridad remite el expediente de oficio, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para fines de certificación. De ese modo, al ofrecer los productores el crédito fiscal transferible a terceros inversionistas, toda la gestión de verificación de gastos, ya haya sido agotada y reconocida por las autoridades competentes (DGCINE y DGII), quedando al cesionario de tal crédito, libre para su disfrute, con el registro de la operación de cesión y posterior aplicación del crédito en sus declaraciones de impuesto sobre la renta ante la DGII, en el plazo y condiciones señalados por la normativa.
Adicionalmente, el crédito fiscal transferible, presenta ulteriores flexibilidades en provecho inversionista y la propia industria del cine, pues podrá ser solicitado respecto de presupuestos ejecutados parcial o totalmente, siempre y cuando el monto de los gastos realizados al momento de la solicitud sea igual o mayor a la suma de Quinientos Mil Dólares Estadounidenses (US$500,000.00). Más aún, el crédito podrá ser solicitado a partir de la ejecución del monto anterior aún en el caso en que la misma se extienda por más de un período fiscal.
De ese modo, los inversionistas adquirientes de tales créditos, pueden incursionar de manera segura y escalonada en la industria del cine, sin asumir los riesgos propios de esta naciente industria nacional. Serán los productores quienes quedarán a cargo de una correcta asignación y ejecución de los gastos y posterior y eventual recuperación de dicha inversión. Es decir, el éxito o fracaso de la inversión en una película, documental o video, por ejemplo, no afecta ni alcanza al inversionista cesionario del crédito.
En los casos en que se haya solicitado y obtenido uno o varios créditos fiscales por ejecuciones presupuestarias parciales de un mismo proyecto, podrá otorgarse un crédito fiscal sobre la última partida presupuestaria ejecutada, independientemente de que no alcance el mínimo de gastos realizados establecidos.
Con esta última disposición, es claro que el legislador dominicano, quiso amparar la suerte de la producción cinematográfica, sin que el flujo de recursos frescos, se tradujera en un factor de riesgo, para la conclusión de la obra.
Como puede apreciarse, el crédito fiscal transferible, se acomoda bastante bien, a la dinámica de la industria en cuestión, caracterizada por distintas etapas, la pre-producción, el rodaje y la post-producción, cada una con desafíos especiales, donde se presentan diversos contingentes, muchas veces no previsibles, tomando en cuenta los múltiples factores que influyen en este proceso fílmico.
La solicitud de crédito fiscal transferible ser realizará en la DGCINE, autoridad que emitirá una certificación de validación de gastos a los productores, a ser remitida de oficio a la DGII, autoridad encargada de emitir uno o varios certificados endosables, que amparen el crédito fiscal otorgado. Las transferencias del crédito amparado por dicha certificación pueden ser parciales o totales; no obstante, para los cesionarios, no existe posibilidad de retransferencia a terceros.
El beneficiario parcial o total de un crédito, tiene la obligación de registrar ante la DGII, en un determinado plazo, cada operación de transferencia. Una vez registrado el crédito, puede ser aplicado en cualquiera de los tres períodos fiscales subsiguientes. Sin embargo, el beneficiario no podrá procurar otros beneficios fiscales, ni de fomento a esta obra, a excepción de la exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), sobre todos los bienes, servicios y/o arrendamientos directamente relacionados con la pre-producción, producción y post-producción de tales obras cinematográficas y audiovisuales.
Con la aprobación del Reglamento de Aplicación, los productores ya conocen cuáles gastos directos califican, quién podrá realizarlos, donde son ejecutables, cuáles de estos podrán ser realizados en efectivo y cuáles se encuentran excluidos. Asimismo, el reglamento indica los requisitos de solicitud, detalles del proceso de evaluación, y sobre la vigencia de los certificados, aplicación del crédito y valor mínimo de la cesión.
De los diferentes incentivos fiscales que apoyan la industria dominicana del cine do, en su ley orgánica, No. 108-10 (Mod. por la No. 257-10) el crédito fiscal transferible, es el más ágil y seguro vehículo de inversión y desarrollo. Apoya la competitividad de empresas cinematográficas, pero también la de aquellos en otros sectores productivos, que indirectamente apoyen el cine nacional.



"Transferable tax credit: Attractive and secure tax exemption for investing in Dominican films without necessarily producing them."

By: A. Noboa Pagán anoboa@npa.com.do

On June 13th 2011, the Implementing Regulations of the Film Law was issued through Decree No. 370-11. Among other important aspects, the regulation enables the possibility to gain access to the transferable tax credit, boost the new industry, while creating safe legal conditions for investors not directly related to the production of cinematographic and audiovisual works.

The transferable tax credit is part of the Incentive Regime for the Film Industry of the Dominican Republic, as per the Film Law. As a first step, all natural or legal persons that produce Dominican or foreign films and audiovisual works in the country, may benefit from this incentive. Their benefit is a tax credit equivalent to twenty-five (25%) percent of all expenditures in the country.

While not all local sources of investment are interested in participating directly in the production of cinematographic or audiovisual works, many companies would be interested in accessing the generous and comfortable tax advantage offered by the law through this incentive.

This is so, given that the transferable tax credit can be used by producers in their annual income tax returns, as well as transferred in favor of any person or entity, for the same purposes and with the same legal effects. This transferability is a major attraction of the tax incentive, since a producer of either short, medium or feature films, documentaries, TV series, videos or other audiovisual products, may transfer the tax incentive in favor of another taxpaying person or business, who does not have to be linked directly, either as producer or in any other quality to the film industry, to obtain it.

All expenditures directly related to the pre-production, filming and post production of film and audiovisual works, including procurement of goods and services, lease of assets of any nature and recruitment of technical, artistic and administrative staff, national or foreign, will be taken into account for purposes of applying the transferable tax credit, provided these are supported by the relevant invoices, receipts and / or documents.

However, these details will not concern the assignee investor. This is so given the dynamics of this tax incentive, which in its initial phase requires producers, who are responsible for its management, to obtain prior approval of the budget for the work before the General Cinema Bureau (known for its acronym in Spanish as DGCINE). Then, this authority automatically forwards the file to the Directorate General of Internal Taxes (DGII) for certification purposes. Thus, when producers offer the transferable tax credits to third party investors, the entire expenditure verification process has already been exhausted and recognized by the competent authorities (DGCINE and DGII), and the assignee of the tax credit is left free to apply it, upon completing the registration of the transfer operation and subsequent application of the credit against their income taxes returns before the DGII, in the term and conditions set forth by the regulations.

Additionally, the transferable tax credit has further flexibilities, for the benefit of investors and the film industry itself, as it may be applied over partially or fully executed budgets, provided the amount of expenses incurred when the request is filed is equal to or greater than the sum of five hundred thousand dollars ($ 500,000.00). Moreover, the credit may be filed against the abovementioned amount even in the case in which it extends for more than one fiscal year.

Thus, investors who purchase such credits can enter, safely and progressively in the film industry without assuming the risks inherent to this nascent industry. Producers will be responsible for the proper assignment and execution of the expenditures and subsequent recovery of that investment. That is, the success or failure of the investment in a film, documentary or video, for example, does not affect the assignee investor of the credit.
In cases in which one or more tax credits were requested and obtained for partial budget executions of a project, a tax credit may be granted on the final budget executed, regardless of whether it reaches the established minimum expenditure.

With this provision, it is clear that the Dominican legislators wanted to protect the outcome of film productions, without the flow of fresh resources translating into a risk factor for the conclusion of the work.

As shown, the transferable tax credit fits quite well with the dynamics of the industry in question, which is characterized by different stages, pre-production, filming and post-production, each with unique challenges, various often unpredictable contingents, taking into account the multiple factors that influence this filmic process.

The transferable tax credit application shall be filed before the DGCINE, which in turn shall issue a certification of validation of expenditures to producers, to be referred automatically to the DGII, which shall issue one or more endorsable certificates, containing the tax credit granted. Credit transfers covered by such certification may be partial or total, however, for assignees there is no possibility of retransfer to third parties.

The total or partial beneficiary of a tax credit is required to register each transfer operation before the DGII, within the established term. Once registered, the credit can be applied to any of the three subsequent fiscal periods. However, the beneficiary may not seek other tax benefits or other incentives to this work, except for the exemption from the value added tax (ITBIS) on all goods, services and / or leases directly related with the pre-production, production and post production of such film and audiovisual works.

With the approval of the Implementing Regulation, producers now know which expenditures are eligible, who can perform them, where they are executable, which of these may be made in cash and which are excluded. Furthermore, the regulation states the requirements for application, details of the assessment process and on the validity of the certificates, credit application and minimum value of the assignment.

Of the various tax incentives that support the film industry in the Dominican Republic, through its organic Law No. 108-10 (As amended by Law No. 257-10) the transferable tax credit is the most flexible and safe investment and development vehicle. It supports the competitiveness of film companies, but also those in other sectors which indirectly support national cinema.

Ley de Cine. Incentivos para la industria cinematográfica nacional.

Por: Lic. Yeli Martínez Oller. Abogada. Master en Abogacía Internacional


A raíz de un arduo esfuerzo público-privado de varios años, se logró sancionar la Ley número 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en DOMINICANA o Ley de Cine, el 29 de julio de 2010. Luego, y más recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó el Reglamento número 370-11, de fecha 13 de junio del 2011, que establece la aplicación de la Ley No. 108-10, y completa el marco normativo de la industria del cine.

En pocas palabras, dicha Ley tiene como objetivo el desarrollo de la industria cinematográfica nacional y la atracción de inversión para su crecimiento. A estos fines, la ley dispone la creación de un marco institucional para implementar dicha ley, y un régimen de incentivos fiscales para atraer la inversión y desarrollar el sector.

En este sentido, la Ley crea los siguientes órganos: el Fondo de Promoción Cinematográfica (FONPROCINE), el Consejo Intersectorial para la Actividad Cinematográfica (CIPAC), el órgano superior, la Dirección General de Cine (DGCINE), que sustituye a la fenecida DINAC (Dirección Nacional de Cine), y el Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE).

Por otro lado, el régimen de incentivos fiscales establecido fue diseñado para estimular la inversión en la cinematografía nacional a través de figuras harto conocidas y la introducción de una nueva figura: el Crédito Fiscal Transferible, elemento que nos pone a la par con los regimenes de incentivos de otros países. A continuación daremos una breve descripción de los incentivos contemplados en la Ley de Cine, haciendo especial énfasis sobre el crédito fiscal transferible, a saber:
a) Estímulo tributario a la Inversión en la Cinematografía Nacional: Deducción del 100% del valor invertido contra el Impuesto sobre la Renta. Esta deducción está limitada a un 25% del impuesto a pagar. Se beneficiarán de este incentivo las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos.
i. En el caso de donaciones las mismas serán deducibles hasta el 5% de la renta neta imponible.
b) Estímulo tributario por Reinversión en la Industria Cinematográfica: Exención del 100% del ISR a favor de aquellos que capitalicen o reserven su renta para desarrollar nuevas producciones o inversiones en el sector cinematográfico. Se beneficiarán de este incentivo los Productores, Distribuidores de largometrajes dominicanos y exhibidores.
c) Incentivos al establecimiento de nuevas salas de cine: Para salas construidas en el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, exención del 50% del ISR por los ingresos generados. Para las demás provincias y municipios, una exención del 100% del ISR por los ingresos generados. De la misma manera, exoneración de impuestos nacionales y municipales aplicables a los permisos de construcción y compra de inmuebles y exoneración de impuestos de importación y otros impuestos, incluyendo ITBIS, aplicables a equipos y muebles para el primer equipamiento y puesta en operación de salas de cine. Se beneficiarán de este impuesto, las personas naturales o jurídicas que inviertan en la construcción de dichas salas.
d) Incentivo al establecimiento de estudios de filmación en el país: Exención de 100% de ISR. Exención de impuestos aplicables a la importación de bienes para el establecimiento de los estudios. Se beneficiarán de este impuesto las personas naturales o jurídicas que establezcan estudios de filmación en el territorio nacional.
e) Otros: Exenciones ISR a los prestadores de servicios técnicos; exención del ITBIS todos los bienes, servicios y/o arrendamientos directamente relacionados con la pre-producción, producción y post-producción de obras cinematográficas y obras audiovisuales registradas en el SIRECINE; exenciones a la exportación o retorno de largometrajes dominicanos o extranjeros.
f) Crédito Fiscal Transferible: Equivalente al 25% de todos los gastos realizados en la República Dominicana. Este crédito podrá ser aplicado contra el ISR o transferido total o parcialmente, en una o varias operaciones, a favor de cualquier persona natural o jurídica para los mismos fines. El crédito fiscal podrá ser solicitado respecto a presupuestos ejecutados parcial o totalmente, siempre y cuando el monto de los gastos realizados al momento de la solicitud sea igual o mayor a la suma de quinientos mil dólares (US$500,000.00). Se beneficiarán de este incentivo las personas naturales o jurídicas que produzcan obras cinematográficas y audiovisuales dominicanas y extranjeras en el territorio dominicano.
Finalmente, la Ley establece 5 requisitos para beneficiarse de dichos incentivos: 1) contar con un Permiso Único de Rodaje; 2) contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil; 3) estar registrado en SIRECINE ; 4) mínimo 20% del presupuesto de la obra audiovisual sea gastado en el país, o que el capital dominicano invertido no sea inferior al 20% del presupuesto; y 5) contar con una participación mínima de dominicanos cuyo porcentaje variará dependiendo si la obra es considerada dominicana o extranjera de conformidad con la Ley.

Sin embargo, para beneficiarse del crédito fiscal transferible se deberá cumplir con 4 requisitos adicionales: 1) autorización previa de DGCINE del presupuesto de la obra; 2) que un mínimo de US$500,000.00 sea gastado en el país; 3) que los gastos estén debidamente respaldados; y 4) para producciones extranjeras solamente, contar con una participación mínima de dominicanos conforme a lo establecido en la Ley.

Como podemos ver, armados de este atractivo escenario, a lo que se añade la diversidad de naturaleza y paisajes locales y el talento dominicano, la República Dominicana se propone poner en el mapa la industria del cine dominicano.



Film Law. Incentives for the film industry.
By: Yeli Martinez Oller. Lawyer. Master in International Legal Practice



Following an enormous public-private effort of several years, we finally managed to sanction Law 108-10 for the Promotion of film industry in the Dominican Republic or the Film Law, on July 29, 2010. Afterwards, and more recently, the Executive Power issued Regulation 370-11, dated June 13, 2011, which establishes the implementation of Law 108-10 and completes the regulatory framework for the film industry.

This law aims at the development of the national film industry and attracting investment for its growth. To this end, the law provides for the creation of an institutional framework for its implementation as well as a tax incentives regime to attract investment and develop the sector.

In this sense, the Law creates the following bodies: the Film Promotion Fund (known for its acronym in Spanish as FONPROCINE); the Intersectoral Council for the Film Industry (known for its acronym in Spanish as CIPAC), the governing body; the General Cinema Bureau (known for its acronym in Spanish as DGCINE), which replaces the defunct DINAC (National Cinema Bureau); and the Information and Registration System of Dominican Cinema (known for its acronym in Spanish as SIRECINE).

On the other hand, the established regime of tax incentives was designed to stimulate investment in national cinema through attractive exemptions for investors and film key players and creating the figure of Transferable Tax Credit, an element that puts us on par with the incentive regimes for other countries in this sector. Hereafter we provide a brief description of the incentives listed in the Film Law, with special emphasis on the transferable tax credit. Theses include:
a) Tax Incentive for Investment in National Cinematography: 100% deduction of the investment against income tax. This deduction is limited to a 25% of the tax payable. Companies that invest in entities whose sole purpose is the production of Dominican feature films will benefit from this incentive.
i. In case of donations they will be deductible up to 5% of net taxable income.
b) Tax incentives for reinvestment in the film industry: 100% exemption from income tax for those who capitalize or reserve their income in order to develop new productions or reinvest in the film industry. Producers, distributors of Dominican films and exhibitors will benefit from this incentive.
c) Incentives for the establishment of new cinemas: Theaters built in the National District and Santiago de los Caballeros will benefit from a 50% exemption from income tax. Other provinces and municipalities will benefit from a 100% exemption from income tax. Similarly, they Hill be exempt from national and municipal taxes applicable to construction permits and purchase of property and exemption from import duties and other taxes, including ITBIS (VAT) applicable to equipment and furniture for the initial equipment and operation of the screening rooms. Legal or natural persons who invest in the construction of these cinemas will benefit from this tax.
d) Incentive to the establishment of film studios in the country: 100% exemption of income tax. Exemption from taxes on imported goods for the establishment of the studios. Natural or legal persons who establish film studios in the country will benefit from this tax.
e) Other: Income tax exemptions for providers of technical services; VAT exemption of all goods, services and / or leases directly related to the pre-production, production and post-production of cinematographic and audiovisual works registered in the SIRECINE; exemptions on the export or return of Dominican or foreign feature films.
f) Transferable Tax Credit: Equal to 25% of all expenditures made in the Dominican Republic. This credit may be applied against income tax or transferred wholly or partly, in one or more transactions, in favor of any person or entity for the same purposes. The tax credit may be applied over partially or fully executed budgets, provided the amount of expenses incurred when the request is filed is equal to or greater than the sum of five hundred thousand dollars ($ 500,000.00). Natural or legal persons who produce Dominican and foreign films and audiovisual works in the Dominican territory will benefit from this incentive.

Finally, in order to benefit from these incentives, the Law establishes 5 requirements: 1) to have a Single Filming Permit, 2) to have a liability insurance policy, 3) to be registered in SIRECINE , 4) at least 20% of the budget of the audiovisual work has to be spent in the country, or the Dominican capital invested shall be at least 20% of the budget, and 5) to have a minimum participation of Dominicans, whose percentage will depend on whether the work is considered Dominican or foreign, in accordance with the Law.

However, to benefit from the transferable tax credit, the Law establishes four additional requirements: 1) prior authorization of DGCINE of the budget of the work, 2) a minimum of U.S. $ 500,000.00 spent in the country, 3) that expenditures are properly supported, and, only for foreign productions, 4) having a minimum participation of Dominicans as provided in the Law.

As we can see, armed with this attractive scenario, added to the local diversity of nature and landscapes and Dominican talent, Dominican Republic intends to put the national film industry on the map.

“Acciones judiciales derivadas de los actos de competencia desleal”

Por: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do

Con el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en fecha 1 de marzo y 27 de abril del año 2011, se cumple la disposición transitoria contemplada en el artículo 67 de la Ley No. 42-08, Sobre la Defensa de la Competencia, que permite la entrada en vigencia de la totalidad de dicha normativa. Es de este modo, como se ponen a disposición de las personas, tanto físicas como jurídicas, una gama de acciones judiciales, derivadas de los actos de competencia desleal.

Empecemos por definir lo que es un acto de competencia desleal. Se considera como tal, todo suceso “o comportamiento realizado en el ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores[1]”. La Ley No. 42-08 en su artículo 11 tipifica, en primer plano, ocho actos considerados como desleales, denominados: actos de engaño, actos de confusión, actos de comparación indebida, actos de imitación, actos violatorios del secreto empresarial, incumplimiento a normas, actos de denigración e inducción a la infracción contractual. Sin embargo, esta enumeración es a modo de ilustración, lo que quiere decir que no es limitativa. Todo acto de naturaleza similar, podrá ser considerado como desleal.

En consecuencia, y como forma de protección frente a cualquiera de dichos actos de naturaleza desleal, la ley ha previsto la posibilidad de que toda persona pueda acudir al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, en atribuciones civiles y comerciales para hacer valer sus derechos. Esto sin importar que quien ejerza el acto de competencia desleal (sujeto activo) y el afectado por el mismo (sujeto pasivo) tengan o no una relación de competencia entre sí. Basta con que esta última pruebe que sus intereses económicos han sido directamente perjudicados o amenazados por el acto y que el sujeto activo haya realizado, ordenado u cooperado en la realización del mismo.

Las posibles acciones a incoar ante tales tribunales son las siguientes[2]:

1) Acción declarativa de la deslealtad del acto, en la cual el juez evalúa si el comportamiento cumple o no con los elementos constitutivos de lo que la ley tipifica como actos desleales. Si la perturbación que ha creado el acto, se mantiene luego de ser incoada esta acción, la parte interesada o el juez de oficio pueden solicitar de manera accesoria el cese de la misma.

2) Acción de rectificación de las informaciones engañosas incorrectas o falsas. Busca que el sujeto activo del acto, mediante la utilización del mismo medio por el cual difundió la información, se retracte, procurando corregir todo error contenida en la misma.

3) Acción en reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente económico. Le permite al sujeto pasivo del acto desleal ser indemnizado frente a los daños ocasionados, siempre y cuando el sujeto activo haya realizado la acción a sabiendas de que era ilícita y de que podría causar un daño, haciendo uso de la mala fe; o con la intención de realizar el determinado acto, pero sin percatarse de las consecuencias que el mismo podría traer y cuyos resultados pudo haber prevenido.

Mientras la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia se organiza para su inicio formal, queremos destacar que los tribunales ordinarios ya pueden ser directamente apoderados para recibir las acciones antes mencionadas, las que podrán ser promovidas tanto por comerciantes y no comerciantes, con interés legítimo y directamente afectos por la comisión de un acto de competencia desleal, imputable a un fabricante, distribuidor o comercializador de productos y servicios en el país.

"Legal actions resulting from acts of unfair competition"

by: Karla Aquino Roedán kaquino@npa.com.do

Translated by: Yeli Martínez Oller, Lawyer/ Master in International Law

The appointment of the members of the Board of the National Competition Defense Commission, as of March 1 and April 27, 2011, fulfills the transitional provision provided for in Article 67 of Law No. 42-08, on Competition Defense, enabling the entry into force of the law in its entirety. Henceforth, a range of legal actions arising from the acts of unfair competition is made available to both individuals and legal entities.

Let us begin by defining what an act of unfair competition is. Any act "or practice made in the scope of trade or business activities that results contrary to good faith and business ethics, with the purpose to cause an unlawful diversion of consumer demand", is considered as an unfair act or practice. Law No. 42-08 defines in Article 11, first and foremost, eight acts considered unfair: acts of deception, confusion acts, acts of unfair comparison, acts of imitation, acts violating business secrets, breach standards, acts of denigration and incitement to breach of contract. However, this is an open-ended list and is strictly for illustrative purposes. Any act of similar nature, may be regarded as unfair.

Accordingly, and as a protection against any such acts of unfair nature, the law provides for the possibility that anyone may bring an action before the court of first instance in which the defendant is domiciled, in its civil and commercial attributions, to enforce their rights. This is so whether or not the perpetrator of the act of unfair competition and the victim affected by it have a competitive relationship with each other. It is sufficient that the latter proves that its economic interests have been directly harmed or threatened by the act and the perpetrator has done, ordered or cooperated with its execution.

Possible legal actions that may be brought against such practices:

1) Declaratory act of unfair conduct, in which the judge evaluates whether the behavior is complying with the constituent elements of what the law defines as unfair acts. If the effects caused by the act continue after this action has been filed, the interested party or judge ex officio may request incidentally the cessation of the act.

2) Action for rectification of misleading, inaccurate or false information. The purpose of this action is that the perpetrator of the act, using the same means by which the information was disseminated, retracts itself correcting any errors contained therein.

3) Action for damages by reason of negligence or willful misconduct. It allows the affected individual or legal entity to be compensated for damages arising from an unfair act, provided that the perpetrator has performed the action knowing it was unlawful and could cause damage, making use of bad faith; or, has committed the act, but without realizing the consequences it could bring and the results of which could have prevented.

While the National Competition Defense Commission is organized for its formal launch, we want to emphasize that the abovementioned actions may be directly brought before the ordinary courts, and may be filed by both consumers and traders with a legitimate interest and directly affected by the commission of an act of unfair competition attributable to a manufacturer, distributor or trader of products and services in the country.

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[1] Rep. Dom. Ley No. 42-08, Sobre Defensa de la Competencia. G.O. No. 10458, del 25 de enero de 2008. Art. 10.

[2] Ibídem. Art. 55.