23 de abril 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, volumen L

Actualidad Regulatoria. Boletín Informativo. Regulación Sectorial de Servicios Públicos y Política de Competencia (2 de 2)  Por: A. Noboa anoboa@npa.com.do

Según criterio de la UNCTAD[1], toda regulación económica y administrativa por órganos ejecutivos, especialmente cuando se refiere a sectores en que operan la industria de infraestructura, debe ser sometida  a un proceso de examen transparente por los organismos de defensa a la competencia.

Esa perspectiva se corresponde con el texto del Art. 20 de la Ley No. 42-08, General de Defensa a la Competencia de RD, que dispone un mecanismo de consulta obligatoria , a cargo de los órganos reguladores sectoriales ante PRO-COMPETENCIA, cuya opinión no será vinculante.

Sin embargo, la disposición citada, se limita a referir la remisión de actos normativos (y resolutorios de expedientes sancionadores) cuando estén “relacionados con el objeto de le ley”.  Tal objeto, definido por el Art. 1[2] del mismo instrumento, es un concepto muy general y amplio. La interpretación del alcance de la remisión obligatoria, podría generar confusiones.

Por tanto, al elaborar su reglamento de aplicación, es atendible a PRO-COMPETENCIA tomar en cuenta los presupuestos señalados por la UNCTAD, para organizar más claramente el escenario de su intervención en los asuntos sectoriales. La UNCTAD sugiere la remisión de los proyectos de regulación cuando:

1.  Limita la independencia y la libertad de actuación de agentes económico.
2.  Crea condiciones discriminatorias.
3.  Crea condiciones favorables para la actividad de determinadas empresas  públicas o privadas.
4.   Si da o puede dar lugar a una restricción de la competencia.
5.   Si vulnera los intereses de las compañías o ciudadanos.

Como puede apreciarse, todos esos presupuestos, formar parte del bien jurídico tutelado del Art. 1.

Adicionalmente, la UNCTAD también sugiere límites sustanciales, en determinados escenarios. El reglamento de aplicación de PRO-COMPETENCIA, podría tomar los siguientes en cuenta, al organizar su función supervisora:

1.      Cuando la regulación sectorial se encuentra en contradicción con el derecho y política de competencia. Las medidas regulatorias pueden haber fomentado, o incluso exigido, un comportamiento o condiciones que en otras circunstancias, constituirían una violación del derecho de la competencia;  por ejemplo el reparto de mercado territorial en la distribución de energía eléctrica de origen legal.

    2.      La regulación puede sustituir al derecho y la política de competencia. En los monopolios naturales, la regulación puede tratar de controlar la posición de dominio directamente, mediante fijación de precios topes y control de entrada y acceso. La evolución de la tecnología puede llevar a reconsiderar las premisas de una determinada política regulatoria de precios o condiciones de acceso, con mayor eficacia que las normas ex-post de la defensa a la competencia, por ejemplo, en el servicio de trasmisión de energía.

  

  3.      La regulación puede duplicar el derecho y la política de la competencia. La coordinación es de la esencia. Por ejemplo, las medidas regulatorias sectoriales pueden establecer normas de competencia leal o reglas de licitación ex-ante que garanticen el carácter competitivo de las ofertas.  En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, podría ser más eficaz una revisión conjunta de la reglamentación vigente, en lugar de remitir, caso a caso, todo expediente de licitación.

Angélica Noboa Pagán

12 de abril de 2012.

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[1] Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo de Comercio. Acerca de la Ley Tipo: Las relaciones entre los organismos de defensa a la competencia y los organismos reguladores sectoriales. Junta de Comercio y Desarrollo. Grupo Intergubernamental de Expertos en Política y Derecho de la Competencia, Sesiones Julio 2001, Ginebra, Suiza.

[2] Objeto: La presente ley tiene por objeto, con carácter de orden público, promver y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional.

Sectoral Regulation of Public Services and Competition (2 of 2)

23 de abril 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, volumen L

  

By: A. Noboa anoboa@npa.com.do

According to UNCTAD's[1] approach, all economic and administrative regulation by executive authorities, especially regarding sectors where the infrastructure industry operates, should be subject to a transparent review process by the competition defense agencies.

This perspective corresponds to the text of Article 20 of Law No. 42-08, on Competition Defense, which provides a mechanism for mandatory consultation, by sector regulators to PRO- COMPETENCIA, whose opinion is non-binding.

However, this provision is limited to the referral of legislative acts (and decisions of disciplinary procedures) when they are "related with the object of the law." Said object[2], defined by Article 1 of that legal piece, is very general and broad. The interpretation of the scope of mandatory referral might cause confusion.

Therefore, when drafting its implementing regulations, it is important for PRO- COMPETENCIA to take into account the settings set out by UNCTAD to organize more clearly the scenario of its intervention in sectoral issues. The UNCTAD suggests the referral of draft regulations if it:

1. Limits the independence and freedom of action of economic agents. 
2. Creates discriminatory conditions.
3. Creates favorable conditions for the activity of certain public and private companies.
4. May result in a restriction of competition.
5. Undermines the interests of companies or citizens.

All these settings fall under the scope of the legally protected rights, set out in Art 1.

Additionally, the UNCTAD also suggests substantial limitations in certain scenarios. PRO-COMPETENCIA's implementing regulation, could take these into account when organizing their supervisory role:

1

1. When sectoral regulation is in conflict with the law and competition policy. Regulatory measures may have encouraged or even required, conduct or conditions that would otherwise constitute a violation of competition law, such as the territorial market allocation of distribution of electrical energy of legal origin.

 2.      Regulation can replace competition law and policy. In natural monopolies, regulation may try to control dominant positions directly, through pricing caps and control of entry and access. The evolution of technology may lead to reconsideration of the premises of a particular regulatory policy of prices or access conditions more effectively than the ex-post rules on competition defense, for example, in the energy transmission service.

  

 3      Regulation can duplicate competition law and policy. Coordination is of the essence. For example, sectoral regulatory measures may establish rules of fair competition or tendering rules to ensure ex-ante the competitive nature of tenders. In the telecommunications sector, for example, a joint review of existing regulations might be more effective, instead of a case by case referral of all tender files.

Angélica Noboa Pagán

April 12, 2012.

 

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[1] United Nations Conference on Trade and Development. Model Law: The relationships between a competition authority and regulatory bodies, including sectoral regulators. Trade and Development Board. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, July 2001 Sessions, Geneva, Switzerland.

[2] Object: This law is intended, as a matter of public interest, to promote and protect effective competition in order to increase economic efficiency in the markets of goods and services, to generate profit and value for consumers and users of these services in the country.

Regulación Sectorial de Servicios Públicos y Política de Competencia

18 de abril 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, volumen XXXXIX

Actualidad Regulatoria. Boletín Informativo. Por: A. Noboa anoboa@npa.com.do

En República Dominicana diversos instrumentos normativos imponen prescripciones a empresas y usuarios de servicios públicos: los de suministro de servicios de telecomunicaciones, energía y financieros. Con independencia de su naturaleza y relación de mercado, tales leyes decretan el interés general del Estado sobre esas actividades de servicio, así como otras realizadas por compañías privadas o estatales, de la explotación minera, suministro de agua potable o transporte.

La finalidad general, y comúnmente admitida de la política de competencia, según N. Muhammad, es reducir al mínimo las ineficiencias económicas creadas por los comportamientos anticompetitivos. En RD, dicha política, no sólo consiste en la Ley No. 42-08; abarca además, el conjunto normativo formado por esas otras legislaciones sectoriales, reunidas bajo una mismo ámbito y alcance, a través del Principio de Unidad de Ordenamiento del Art. 2, de la primera.

No obstante, mientras la finalidad del derecho y política sobre competencia es regular comportamientos no competitivos por empresas, la regulación sectorial, persigue reducir a un mínimo de disposiciones técnicas, legales y económicas, la intervención del gobierno en los mercados. El modelo legislativo dominicano, confiere prelación en las soluciones destinadas a resolver dicha finalidad general o ulterior (interés público) a las instituciones sectoriales, y de manera supletoria, a las instituciones de la Ley No. 42-08.

La función de PRO-COMPETENCIA, con respecto a la regulación sectorial, de acuerdo al modelo de relación, diseñado por el legislador dominicano, es auxiliar aunque obligatorio en dos determinados presupuestos: 1. La regulación destinada a promover la competencia. 2. La solución de expedientes sancionadores para la defensa de la competencia.

Existe un método de división del trabajo, donde la elaboración de propuestas de normas o solución de expedientes sancionadores, recae sobre las agencias sectoriales competentes (INDOTEL, CNE, SB, etc.) a completarse, con la diligente participación de PRO-COMPETENCIA. Por lo tanto, no se trata de un modelo de independencia plena, pero la responsabilidad de las decisiones, será asumida por los organismos sectoriales, empíricamente más capacitados para la tarea, mientras se abre un ventana temporal a PRO-COMPETENCIA para emitir opinión consultiva no vinculante.

No obstante, en aras de ejecutar una medida estrictamente social o técnica, existe el riesgo de que los organismos sectoriales, desconozcan una tutela a la competencia o bien, admitan actos, en principio, prohibidos por la Ley No. 42-08, invocando su propio orden jurídico interno. En ese escenario, PRO-COMPETENCIA deberá salvaguardar cualquier reducción de la esfera de aplicación de la libre competencia, que no sea económicamente razonable.

Angélica Noboa.

Sectoral Regulation of Public Services and Competition

18 de abril 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, volumen XXXXIX

Regulatory Briefing. Newsletter.

By: A. Noboa anoboa@npa.com.do

In the Dominican Republic various regulatory instruments impose requirements to companies and users of public services: telecommunications, energy and financial services providers. Regardless of the nature and market relationship, such laws enact the general interest of the State on these service activities, as well as others carried out by private or governmental, mining, water supply or transportation, companies.

The general and commonly admitted purpose of competition policy, according to N. Muhammad, is to minimize the economic inefficiencies created by anticompetitive behavior. In DR, this policy consists not only of Law No. 42-08, but includes also the policy framework consisting of those other sectoral laws, gathered under the same scope and reach, pursuant to the Principle of Uniformity of the Legal System, contained in its Article 2.

However, while the purpose of competition law and policy is to regulate non-competitive behavior by companies, sectoral regulation seeks to limit government intervention in markets to a minimum of technical, legal and economic provisions. The Dominican legislative model prioritizes solutions aimed at sustaining said purpose, general or ulterior (public interest), to sectoral institutions, and, supplementarily, to the institutions of Law No. 42-08.

The role of PRO-COMPETENCIA (the Dominican antitrust agency), regarding sectoral regulation, and according to the relationship mode, created by the Dominican legislator, is supplemental although mandatory, in two specific cases: 1. Regulation to promote competition. 2. Settlement of disciplinary proceedings regarding competition defense.

There is a method of dividing the works where, the elaboration of draft standards or settlement of disciplinary proceedings, rests with the relevant sectoral agencies (INDOTEL, CNE, SB, etc.), and is supported with the diligent participation of PRO-COMPETENCIA.

Consequently, we are not dealing with a model of complete independence, since the responsibility for decisions rely on the sectoral agencies, empirically better trained for the task, while PRO-COMPETENCIA remains with a temporary window of opportunity to issue non-binding advisory opinions.

However, in order to implement a strictly social or technical measure, there is a risk that sectoral agencies, unaware of certain protections granted to competition, issue acts, in principle prohibited by Law No. 42-08, invoking their internal regime. In that scenario, PRO-COMPETENCIA must safeguard any reduction in the scope of application of free competition that may not be economically reasonable.

Angélica Noboa.