Breves comentarios acerca de otras definiciones propuestas en el Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08. Brief comments about other definitions proposed in the Draft Implementing Regulations of Law No. 42-08.

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ACTUALIDAD REGULATORIA _{BOLETIN INFORMATIVO}

16 de octubre 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, Volumen LX

 

Breves comentarios acerca de otras definiciones propuestas en el Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08. Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do).                                                    i.      AGENTES ECONOMICOS. (4b). Texto propuesto: “Los agentes económicos competidores pueden serlo tanto en calidad de oferentes como de demandantes de un bien y servicio. Las asociaciones empresariales, gremiales, profesionales y técnicas se considerarán agentes económicos, así como cualquier otro tipo de organización u asociación que tenga incidencia en el mercado.” Sugerimos incluir al Art. 4b del Proyecto la siguiente idea: “…con expresa exclusión de los agentes económicos organizados a través acuerdos colectivos de trabajo, suscritos por gremios laborales y sus efectos jurídicos en virtud de lo que establece el Art. 3, Párrafo de la Ley No. 42-08.”                                          ii.      COMPETENCIA EFECTIVA. (Art. 4c) Texto sugerido: “La Competencia efectiva requiere la participación competitiva entre los agentes económicos que actúan como oferentes y como demandantes.” El Art. 4c de la Ley No. 42-08 define la competencia efectiva de la siguiente manera: “Competencia Efectiva: Es la participación competitiva entre agentes económicos en un mercado, a fin de servir una porción determinada del mismo, mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y precio en beneficio del consumidor.” Se solicita una redacción más clara de lo que se propone. En la redacción presente, parecería que la “participación competitiva” debe darse entre empresas (oferentes) y usuarios (demandantes). Aun en los casos en que el demandante sea una empresa, suplida por el oferente, la condición reglamentaria no tendría sentido, en tanto cada una se encuentra probablemente, prestando servicios en mercados distintos. Si lo que se desea es contemplar el caso en que un demandante sea también competidor del oferente, la redacción debe ser más clara.                                                 iii.      LIBRE COMPETENCIA.(Art. 4e). Texto sugerido: “La libre competencia también requiere la posibilidad de acceder a los mercados a demandar bienes y servicios, sin que existan barreras artificiales al ingreso de potenciales demandantes, consumidores  finales o usuarios.”   Consideramos que la definición propuesta no agrega –ni debe agregar-  ningún elemento nuevo al concepto jurídico determinado que fija la ley para la libre competencia, al indicarse que “Art. 4e. Libre Competencia: Es la posibilidad de acceder a los mercados, a ofertar bienes y servicios, dada la inexistencia de barreras artificiales creadas al ingreso de potenciales competidores.” En nuestra opinión, la propuesta de Art. 4e, debe eliminarse por no aportar elementos nuevos, los que por demás no pueden ser agregados por vía de reglamento.                                    iv.            PRACTICA CONCERTADA.(Art.4h) Texto propuesto: “Práctica concertada también incluye todo comportamiento de hecho entre agentes económicos no competidores, voluntariamente dirigido a restringir la competencia en los mercados en que participan.” (Enfasis nuestro). Texto de ley: “Art. 4h Ley No. 42-08. Práctica concertada: Todo comportamiento de hecho entre agentes económicos competidores voluntariamente dirigido a anular la competencia entre ellos.”   Como puede apreciarse, la definición de la Ley No. 42-08 y la del Art. 4h del Proyecto son diferentes. Esta ampliación del alcance de un concepto jurídico determinado clave de la ley, pues constituye una tipología prohibitiva, es una directa conculcación al derecho fundamental a la libre empresa, por los mismos motivos de derecho explicados más arriba respecto de las reglas y condiciones señaladas en los Art. 50 y 74.2 de la Constitución. Asimismo, reviste los mismos vicios de legalidad antes explicados por intentar incluir un control directo por vía reglamentaria, sin un previo mandato legal a tales fines. Por tal razón, debe ser eliminado.

Brief comments about other definitions proposed in the Draft Implementing Regulations of Law No. 42-08.  By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do). i. OPERATORS (4b). Proposed text: " Operators may compete as suppliers or consumers of goods and services. Business associations, unions, professional and technical associations will be considered as operators, as well as any other organization or association that has an impact on the market. "   We suggest including in Art 4b of the Draft the following idea: "... with the express exclusion of operators organized through collective labor agreements, signed by labor unions, and their legal effects pursuant to the provisions of Article 3, Paragraph of Law No. 42-08.” ii. EFFECTIVE COMPETITION. (Article 4c) Suggested text: "Effective competition requires competitive participation among operators that act as suppliers and as consumers." In Article 4c of Law No. 42-08 effective competition is defined as follows: "Effective Competition: It's competitive participation among traders in a market, in order to serve a specified portion thereof, by improving the quality and price offer for the benefit of the consumer." We request a clearer wording of this definition. According to the current proposal, it appears that the "competitive participation" must occur between companies (suppliers) and clients (consumers). Even in cases where the consumer is a company, supplied by the provider, the regulatory condition would be meaningless, as each is likely to operate in different markets. If the intent is to provide for in the case in which a consumer is also a competitor of the supplier, the wording should be clearer. iii. FREE COMPETITION. (Art. 4e). Suggested text: "Free competition also involves the ability to access markets to demand goods and services, with no artificial barriers to entry for potential applicants, final consumers or users."   We believe that the proposed definition does not add -nor should it- to the particular legal concept established by the law for free competition, noting that "Article 4e. Free Competition: Is the ability to access markets to offer goods and services, given the absence of artificial barriers to entry created by potential competitors." In our opinion, Article 4e should be removed from the Draft, for not providing new elements, which in any case can not be added through an Implementing Regulation. iv. CONCERTED PRACTICE. (Art.4h) Proposed text: "Concerted practice also includes any behavior between non competing operators, in order to voluntarily restrict competition in the markets in which they participate." (Emphasis added.) Text of the law: "Art 4h Law No. 42-08. Concerted practice: Any behavior between competing operators voluntarily directed to eliminate competition between them. " As you can see, the definition of Law No. 42-08 and of Art. 4h of the Draft Implementing Regulation are different. This expansion of the scope of a key legal concept of the law, since it constitutes a prohibitive typology, is a direct violation of the fundamental right to free enterprise, for the same reasons explained above regarding the rules and conditions laid down in Articles 50 and 74.2 of the Constitution. Also, it would be legally flawed, as previously explained, for trying to include a direct control through regulation without a prior legal mandate for such purposes. For this reason, it must be removed.

 

 

Actualidad Regulatoria

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ACTUALIDAD REGULATORIA _{BOLETIN INFORMATIVO}

9 de octubre 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, Volumen LVIX

Comentarios a las definiciones propuestas por el proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08, de Defensa a la Competencia (1 de 4).  Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)   CONCEPTO DE ACUERDO(Art. 4ª). Texto propuesto. “a). El concepto de acuerdo incluye, a titulo enunciativo: (i) los acuerdos por los cuales perfeccionan las fusiones entre empresas y las adquisiciones de empresas, y (ii) los acuerdos entre agentes económicos, situados en distintos eslabones de una misma cadena de valor; en ambos casos, a condición de que los acuerdos tengan por objeto o que produzcan el efecto de cerrar el mercado o restringir la competencia entre agentes económicos.” La intención que anima la proposición del Literal “i”, del citado artículo, es clara como jurídicamente inviable. Intenta abarcar, por vía reglamentaria, un sistema de control de fusiones y concentraciones (o adquisiciones), no establecido en la ley orgánica que regula el derecho fundamental a la libre competencia, esto es, la Ley No. 42-08 y por ende resulta conculcadora del mismo, al tiempo que contraria al Principio de Legalidad. Analicemos con debido detalle: El Art. 4 de la Ley No. 42-08 sobre Definiciones, señala que: “A los efectos de esta ley se entenderá por: a.       Acuerdo: Todo intercambio de voluntad expresado a través de un contrato o convenio, sea expreso o tácito, escrito u oral, susceptible de alinear el comportamiento competitivo de agentes económicos competidores.” Como puede apreciarse la definición  de la Ley No. 42-08 es tan amplia como la señalada por el Derecho Común sobre el significado jurídico del término. Esta amplitud, hace en primer orden, innecesaria inclusión de los acuerdos sobre fusiones y adquisiciones que se propone. Ya estos se encuentran contenidos en la definición legal, pero además, como podrá comprobarse más adelante en este escrito, el indudable propósito de esa inclusión es abrir un régimen –por vía de reglamento- de control de fusiones y concentraciones ex ante, cuando la ley únicamente prevé intervención estatales ex post, cuando los acuerdos empresariales comportan alguna de las conductas prohibidas por ella. Como es bien conocido, la ley dominicana de competencia no incluye un régimen de control previo de fusiones y concentraciones.  En adición, esta ley, destinada a adjetivar un derecho fundamental -el derecho a la libre competencia-, tiene un carácter restrictivo dada su naturaleza punitiva. De ese modo, sólo los ilícitos concurrenciales, establecidos en su contenido, esto es, el abuso de posición dominante, los acuerdos prohibidos y prácticas concertadas, así como, los actos de competencia desleal, para los cuales se prevé una intervención ex post por parte del Estado, reducen el núcleo esencial de la libre competencia. La Constitución consagra la libre competencia de la manera siguiente: “Art. 50.1 (…) El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y el abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de seguridad nacional.” En ese sentido, el ejercicio de tal derecho es tan amplio como fuera posible, sólo limitado por aquellas medidas, destinadas a evitar los llamados efectos nocivos en la participación en el mercado. Sin embargo, tales medidas únicamente pueden ser ordenadas por ley. “Artículo 74. Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: (…) 2. Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y principio de razonabilidad.”   En conclusión, se sugiere al Consejo Directivo de Pro-Competencia, muy respetuosamente, eliminar el artículo 4ª de la propuesta, por conculcar el derecho fundamental de la libre empresa, al intentar imponer una medida restrictiva de su ejercicio, no ordenada por ley. En consecuencia, el acto administrativo que lo ordene, violaría los Arts. 50 y 74.2 de la Constitución.

Comments to the definitions proposed by the draft Implementing Regulations of Law No. 42-08.  By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do) CONCEPT OF AGREEMENT (Art. 4th). Proposed text. “A). The concept of understanding includes, without limitation: (i) agreements by which mergers between companies refine and acquisitions, and (ii) all agreements between economic agents located in different links of the same value chain; in both cases, provided that the agreements have as their object or have the effect of foreclosing the market or restrict competition between operators. " The intention behind the proposal of Literal "i",  in the aforementioned article, is clear and legally unfeasible. It tries to incorporate, through an administrative regulation, a mergers and acquisitions control mechanism not established in the scope of the organic law governing the fundamental right to free competition, Law No. 42-08, and therefore it violates the law while resulting also contrary to the principle of legality. Lets analyze it thoroughly: Article 4 of Law No. 42-08 on Definitions, states that: "For the purposes of this Law: a. Agreement: Any exchange of will expressed through a contract or agreement, either express or implied, written or oral, capable of aligning the competitive behavior of economic competitors. " As we can see, the definition of Law No. 42-08 is as broad as indicated by common law on the legal meaning of the term. The broadness of the definition makes unnecessary the inclusion of agreements on mergers and acquisitions, as proposed. These agreements are covered within the legal definition, but also as we will verify further on, the undoubted purpose of this inclusion is to open a mechanism –through an implementing regulation-, of control of mergers and acquisitions ex ante, when the law provides only for interventions ex post. That is to say, when business agreements involve any of the acts prohibited by the law. As we all know, Dominican competition law does not include a control mechanism of mergers and acquisitions. In addition, this law, intended to regulate a fundamental right-the right to free competition-, has a restrictive characteristic due to its punitive nature. Thus, only illegal competition acts, as provided therein, that is, abuse of a dominant position, prohibited agreements and concerted practices, as well as acts of unfair competition, for which an ex post intervention mechanism is provided, reduce the essential core of free competition. The Constitution provides for freedom of competition as follows: "Art 50.1 (...) The State encourages and ensures free and fair competition and will take any necessary measures to prevent harmful and restrictive effects of monopoly and abuse of a dominant position, establishing by law exceptions for national security. " In that sense, the exercise of this right is as broad as possible, limited only by those measures, designed to prevent so-called adverse effects on the market. However, such measures can only be established by law. "Article 74. Regulatory and interpretation principles. The interpretation and regulation of the rights and guarantees recognized by this Constitution shall be governed by the following principles: (...) 2. Only by law, as permitted by this Constitution, may the exercise of fundamental rights and guarantees be regulated, always respecting their essential content and the principle of reasonableness. "   In conclusion, we respectfully suggest the Board of Pro-Competencia to remove Article 4 of the proposal for violating the fundamental right of free enterprise and unlawfully attempting to impose restrictions on its exercise. Consequently, the resulting administrative act would violate Articles 50 and 74.2 of the Constitution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Regulatoria. Boletín Informativo.

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ACTUALIDAD REGULATORIA _{BOLETIN INFORMATIVO}

12 de septiembre 2012, Sto. Dgo., R.D., Año III, Volumen LVIII

 

Actualidad Regulatoria. Boletín Informativo.  Sobre el Principio de Unidad de Ordenamiento en el proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley No. 42-08. Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do) (2 de 2) En la edición anterior, se examinaba el Art. 2 de la propuesta de reglamento, que establece nuevas prestaciones a cargo de los administrados, sobre entrega de información a Pro-Competencia. Examinemos en detalle estas claves esenciales de la constitucionalidad, que imponen la eliminación de la disposición propuesta. 1.       Violación  al debido proceso de Ley. El Art. 69 de la Constitución consagra lo siguiente: “Art. 69. De la Constitución. Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…) 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes prexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en violación de la ley. (…) 10. Las normas de debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” La sola lectura del Art. 69 demuestra la imposibilidad de modificar la norma del Art. 42 de la Ley No. 42-08, por el Art. 2 del Proyecto, hasta situaciones jurídicas no previstas en ella. Las formalidades de investigación, para fines de eventual procesamiento y sanción, son las del Art.42 y no las más laxas del Art. 2 del Proyecto. Por tanto, como indica el Numeral 8, del Art. 69, el Art. 2 del Proyecto, deviene nulo. No tiene asidero legal. Finalmente el Numeral 10, del mismo artículo, de manera expresa indica su aplicabilidad respecto de actuaciones administrativas, como la que nos ocupa. Subversión al Principio de Legalidad. Los actos administrativos pueden también, en vez de ampliar o beneficiar la esfera jurídica de sus destinatarios privados, restringirla, afectar a la misma en sentido negativo, producir sobre ellos obligaciones, deberes, cargas, antes existentes, o bien restricciones, limitaciones o extinciones de titularidades activas previas. Es lo que se denomina en Derecho Administrativo las limitaciones administrativas de los derechos. Una norma previa ha de habilitar, a la Administración para imponer medidas limitativas específicas de que se trate. Si no se da esa habilitación a la Administración, podrá haber, eventualmente, una limitación de derechos. En la especie, como hemos demostrado, no contiene, como norma previa, limitaciones específicas que permitan requerir información y datos de la empresa, más que en el presupuesto del Art. 42 de la Ley No. 42-08, donde se prevé un poder concreto, estrictamente reglado. Sobre el particular, García de Enterría explica que, esta habilitación referirá, como es común, los poderes concretos de que la Administración puede disponer. Puede tratarse de la actuación previa al ejercicio de un derecho de que se trate, de modo que este ejercicio se subordine a dicha actuación (autorizaciones, inscripciones, registraciones y en este último caso los consiguientes poderes de organización de cada Reglamento concreto). (Énfasis nuestro). Es claro que entre otros aspectos, Pro-Competencia necesita la autorización del ministerio público, además de la reunión de las condiciones indispensables, para solicitar información, en el marco de una investigación normada. Amplía el citado experto en Derecho Administrativo, que estos son los instrumentos, con o una u otra extensión o modalidades de que la Administración dispone para imponer las limitaciones de derechos. Se observa que no incluimos entre ellos los Reglamentos (…) Entendemos que la sola normación de los reglamentos, si de la misma no resulta de una habilitación de poderes concretos –si quiera sean los represivos- para que la Administración esté en condiciones de imponer las limitaciones, que de dicha formación pueden resultar, no constituye una verdadera limitación administrativa (Énfasis nuestro). El intento de establecer un poder concreto a partir del principio general, viola la técnica autorizatoria con la cual ha de manejarse la Administración, afectando la legalidad del acto administrativo que intervenga. Tal decisión pecaría de una extralimitación de facultades.   Conculcación a la libre empresa. “Art. 50 Libertad de Empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.” Todo titular de derechos fundamentales como este, se encuentra amparado por las garantías del Art. 68 de la Constitución, que reza: “Art. 68. Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad  de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos en esta Constitución y por ley.” En consecuencia, Pro-Competencia, en su rol de Autoridad Convocante, debe proteger la legitimidad del decreto presidencial a intervenir para aprobar el futuro reglamento de aplicación de la Ley No. 42-08. A tal fin, debe mostrar cautela y no incluir disposiciones que alteren la efectividad de la tutela y protección a la libre empresa. Otorgar a Pro-Competencia la potestad de requerir en cualquier momento, y ante cualquier circunstancia, informaciones y datos que pertenecen a la empresa, centro de imputación del derecho invocado, alterando -en detrimento de su libertad amplia de goce- los términos del Art. 69 de la Ley No. 42-08, además de violentar el debido proceso de Ley, y constituirse en una regla con vicios de legalidad, conculca ese derecho fundamental.  La información y datos de la empresa, pertenecen al núcleo esencial de la misma, y únicamente las condiciones del Art. 69, activan la posibilidad de su requerimiento por parte de la Dirección Ejecutiva, a los fines señalados en dicha disposición.   Por lo tanto, se sugiere, en el marco de la presente consulta pública, la total exclusión del Art. 2 del Proyecto, por violentar el debido proceso de ley, el principio de Legalidad y conculcar el derecho fundamental a la libre empresa.

Regulatory Briefing. Newsletter. About the Principle of Unity of the Legal System in the draft Implementing Regulations of Law No. 42-08. By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do) (2 of 2)   In the previous edition, we examined Article 2 of the draft implementing regulations, which establishes new obligations for individuals regarding information provision to Pro-Competencia. Let’s examine in detail these essential keys of constitutionality, which lead us to recommend the elimination of the proposed provision.                 1. Violation of due process of law Article 69 of the Constitution provides that: "Art 69. Of the Constitution. Effective legal protection and due process. Every person, in the exercise of their legitimate rights, has the right to an effective legal protection, respecting the due process of law, and which will consist of the minimum guarantees set forth below: (...) 7. No person shall be tried but for laws pre-existing to the act attributed to him, before the competent court or judge and in full compliance with the corresponding formalities of each trial. 8. All evidence obtained in violation of the law is null and void. (...) 10. The standards of due process shall apply to all legal and administrative proceedings. " The mere reading of Article 69 shows the impossibility to change the standard of Article 42 of Law No. 42-08, by Article 2 of the draft implementing regulations, to legal situations not covered by it. The formalities of investigation, for the purpose of eventual prosecution and punishment, are those of Art. 42 and not the lax provisions of the proposed Article 2 of the draft implementing regulations. Thus, as indicated by Paragraph 8 to the aforementioned Article 69, Article 2 of the draft becomes void. It has no legal grounds. Finally, Paragraph 10 of the same article expressly indicates its applicability to administrative proceedings, as the one in question. 2. Subversion of the principle of legality. Administrative acts may also, rather than expand or benefit the legal sphere of its private recipients, restrict or affect them in a negative sense, burden them with obligations, duties, charges, existing before or restrictions, limitations or extinctions of previous active entitlements[1]. In Administrative Law it’s called administrative limitations of rights. A preexisting norm enables the Administration to impose the corresponding specific restrictive measures. If the Administration is not enabled as explained hereto, eventually, there may be a case of limitation of rights[2]. In the current case, as we have shown, there is no previous norm establishing specific limitations that allow for the requirement of information and details, rather than that of Article 42 of Law No. 42-08, which sets forth a concrete power, which is strictly regulated. In this regard, Garcia de Enterria explains that this enablement will refer, as is common, the specific powers that the Administration may set forth. It may relate to actions prior to the exercise of a right in question, so as to subordinate this exercise to such action (authorizations, inscriptions, registrations and in the latter case the resulting organizational powers of each specific implementing regulation) [3]. (Emphasis added.) Clearly, among other things, Pro-Competencia requires the authorization of the Attorney Generals Office, in addition to meeting the prerequisites for requesting information as part of a regulated investigation. Furthermore, García de Enterría, an expert in administrative law, adds that these are the instruments, with one or another extension or approaches; the Administration disposes of in order to impose limitations on rights. It is noted that we do not include implementing regulations among them (...) We understand that the mere drafting of implementing regulations, if it does not convey the enabling of specific powers-not even repressive ones- so that the Administration is able to impose limitations, does not constitute a true administrative limitation[4] (Emphasis added.) The attempt to establish a concrete power from a general principle violates the authorization technique according to which the Administration must act, affecting the legality of the resulting administrative act. Such a decision would give way to an excess of powers. Violation to freedom of enterprise. "Art 50. Free Enterprise. The State recognizes and guarantees the freedom of enterprise, trade and industry. Every person has the right to freely engage in the economic activity of their choice, with no limitations other than those prescribed in this Constitution and as established by law. " Every holder of a fundamental right such as this is protected by the guarantees of Article 68 of the Constitution, which reads: "Art 68. Guarantees of fundamental rights. The Constitution guarantees the effectiveness of fundamental rights through mechanisms of safeguard and protection, which offer the person the possibility to obtain the fulfillment of their rights from the debtors thereof. Fundamental rights are binding on all public branches, which should ensure their effectiveness according to the terms of this Constitution and as stipulated by law. " Accordingly, Pro-Competencia, as Convening Authority, should protect the legitimacy of the presidential decree which will hereafter adopt the future implementing regulations of Law No. 42-08. For this purpose, it must be cautious and not include provisions that will affect the effectiveness of the protection and safeguard of the right to free enterprise. To give Pro-Competencia the power to require, at any time and under any circumstance, information and data belonging to the company, the reference point of the invoked right, altering –in detriment to their ample freedom of enjoyment -the terms of Article 69 of Law No. 42-08, as well as violating the due process of law, and becoming an illegal rule, violates this fundamental right. Company information and data are essential assets, and only under the terms of Article 69, and to the extent of the purposes set out thereof the Executive Director can request their provision. Therefore, we suggest, as part of this public consultation, the total exclusion of Article 2 of the project, for violating the due process of law, the principle of legality and the fundamental right to free enterprise.

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[1] García de Enterría, Ob. Cit. Page104.

[2] García de Enterría, Ob. Cit. Page112.

[3] Ibíd.

[4] Ibídem.